Ciudad de México. Para los familiares de las miles de personas desaparecidas que hay en México no hay lugar a dudas: es posible enfermar gravemente y hasta morir debido a la angustia, la incertidumbre y la tristeza que les genera la ausencia de sus seres queridos.

Sin embargo, aunque existen muchas historias que demuestran el grave impacto en términos de salud que generan las desapariciones en el seno familiar, en muchas ocasiones las autoridades del país se han negado a pagar los tratamientos médicos que requieren los afectados, con el argumento de son muy costosos o no se puede comprobar que sus dolencias “estén relacionadas con el hecho victimizante”.

Ante dicho panorama, expertos y organizaciones civiles han destacado que el dolor emocional es sin duda uno de los factores que desencadenan el surgimiento de cáncer, diabetes y otros padecimientos graves, y piden una estrategia en donde cada caso se estudie, pero no con un enfoque judicial restringido, sino considerando la naturaleza “multicausal” de diversas enfermedades.

“Siento como si estuviera mutilada”

Una historia que deja ver la profundidad del daño que causa en una familia la ausencia prolongada de una persona es la del infante de Marina Paolo Cano Montero, quien desapareció el 29 de octubre de 2010 mientras se encontraba destacado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sus superiores afirmaron que el joven de 26 años desertó, pero la versión nunca fue creída por sus padres.

“Cuando mi hijo desapareció, fue muy impactante para todos. En su batallón me dijeron que había desertado, pero eso no es posible, porque él me hubiera platicado al respecto”, señala María Montero Arteaga, madre de Paolo, quien recuerda que en el locker de su hijo se encontraban todas sus pertenencias, incluido su celular y su ropa, lo cual refuerza sus sospechas de que el joven no se marchó por su propia voluntad.

Desde entonces y hasta la fecha, “ha sido un peregrinar que no se imagina. A mí me dio diabetes y mi esposo enfermó de cáncer. Empezó con tos, hasta que le hicieron estudios a consciencia y le dijeron que era cáncer de pulmón”, el cual se extendió meses después a su hígado y espina dorsal, hasta quitarle la vida el 3 de noviembre del año pasado.

Aunque ningún análisis clínico lo comprueba de forma directa, la mujer piensa que el trauma emocional causado por la desaparición de Paolo fue el factor que terminó por hacer que su salud y la de su esposo se deterioraran de forma irremediable.

“Todo eso se resiente. A mí me dio la diabetes y pienso que fue a raíz de su desaparición, porque antes yo era una persona sana y activa. Ahora con esto me siento como si estuviera mutilada, como si me faltara un ojo, un brazo, un órgano muy vital. Es peor que la muerte, porque no sé si mi hijo descansa, si come, si duerme. No sé nada”, lamenta.

Tras notificarse la supuesta deserción de Paolo Cano, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le entregaba al padre del joven una ayuda económica, pero ésta se suspendió por la muerte del hombre, sin que hasta ahora se haya reactivado. “Me dijeron que harían una nueva valoración, pero todavía no la han hecho. Yo pienso que ha de ser porque no quieren pagar”, considera doña Mari.

“No es que no puedan atenderme: no quieren”

Un caso similar es el de la familia del ingeniero agrónomo Matusalén Melo Cadena, quien fue desaparecido por policías municipales de Torreón, Coahuila, el 21 de octubre de 2009. Su hermana María Antonia también ha visto en sus padres los efectos de somatizar todo el dolor emocional que produce una desaparición.

“Ya nada vuelve a ser igual. Son muchas emociones contenidas y hay quienes sí lo hablan, pero también quienes tratan de hacerse los fuertes. Al final sólo vas conteniendo todo y tu cuerpo termina manifestándolo en algún momento”, narra la mujer.

Luego de que en el ISSSTE le dijeran que “no tenía nada”, el padre de Matusalén finalmente fue diagnosticado con cáncer por un médico particular, y aunque solicitó la ayuda de la CEAV para cubrir los gastos médicos, la única respuesta de dicho organismo fue que no podía hacerlo y“no había más opción” que seguir yendo al hospital público donde la familia ha recibido malos tratos y valoraciones equivocadas.

“La CEAV siempre te dice que la enfermedad ‘no está directamente relacionada con el hecho victimizante’, que puede ser por cualquier circunstancia. Cuando denunciamos el maltrato en el ISSSTE, Oscar Nacif (director de servicios médicos de la Comisión) me dijo ‘eso ya cuenta como atención’, como si nos dijera ‘no estén molestando’. Insistí en que a mi papá lo atendieran en el Instituto Nacional de Cancerología, pero me dijeron que era muy caro y que nosotros tendríamos que asumir los gastos”, señala.

Aunque el caso de Matusalén y sus compañeros desaparecidos incluso dio lugar a la Recomendación por Violaciones Graves 27VG/2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “en la CEAV no han aprendido nada. A estas alturas, no es que no puedan atenderme, es que no quieren. Siguen diciendo que la enfermedad no se deriva del hecho victimizante, como si las familias estuvieran obligadas a probar que sí”.

El origen multicausal de las enfermedades

Al ser cuestionado sobre el posible vínculo entre la angustia que genera la desaparición de un familiar y el surgimiento de enfermedades como el cáncer, el médico y sicólogo español Carlos Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que analizan el caso Ayotzinapa, subraya que el estrés excesivo sí implica un riesgo adicional de desarrollar varios padecimientos.

“Las dolencias de tipo cardiovascular, endócrino y oncológico siempre son multicausales, pero indudablemente el estrés está asociado a todos ellos y genera problemas de sicoinmunidad, es decir, a la forma en cómo los niveles del sistema inmunológico disminuyen por el dolor emocional”, señala el experto.

Al impacto de la propia desaparición de un familiar y el duelo permanente y abierto que genera, indica, se le debe sumar la tensión del proceso de búsqueda y la frustración de que ésta no dé resultados, y aunque es imposible señalar de forma directa que el cáncer o la diabetes son resultado de todo ello, el sufrimiento emocional extremo sí debe considerarse como un elemento disparador de enfermedades.

“Hay dolencias de tipo cardiovascular o ligadas a factores neuroendócrinos, en los cuales el nivel de estrés es un factor desencadenante”, por lo cual es necesario desarrollar programas de atención sanitaria para las víctimas “que tengan en cuenta esta multicausalidad y no aborden los casos con un enfoque judicial” de relación directa causa-efecto.

“La mayor parte de estas enfermedades probablemente no se hubieran dado sin estas violaciones de derechos humanos: esa es la causa primigenia. El enfoque debe considerar que las consecuencias de los abusos son acumulativas: la desaparición, la pérdida del trabajo, el dedicar la mitad del tiempo de vida para la búsqueda. Todo ello tiene un efecto acelerador” de las enfermedades, recalca Beristáin.

Ayuda extra, “sólo en casos específicos y contados”

Consultadas sobre las razones por las cuales la CEAV no cubre los requerimientos médicos de las víctimas que aseguran haber enfermado por la desaparición de un ser querido, fuentes de dicha institución explicaron que su deber en estos casos es realizar gestiones para vincular a los inconformes con instituciones públicas de salud.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Víctimas (LGV), existe la posibilidad de que la CEAV reembolse los gastos extra que los afectados hayan cubierto en primera instancia, en caso de que en los hospitales del gobierno no existan los tratamientos que necesitan.

Sin embargo, aclararon que ello ocurre sólo en casos “específicos y contados”, porque el reembolso implica gastos extra y no habría recursos suficientes para dar todas las atenciones. “Es sólo para casos muy puntuales, porque no hay presupuesto suficiente para pagar tratamientos privados más caros”.

Asimismo, señalaron que “a veces hay peticiones que rebasan los límites establecidos por la propia ley, y aunque la CEAV sabe que debe prestar su apoyo de forma subsidiaria, si la ley no lo permite, no es posible hacerlo”.

Frente a ello, Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, enfatiza que la CEAV aplica una interpretación “muy restrictiva” de la LGV, pues aunque científicamente no se puede probar que el cáncer es resultado de una desaparición forzada, tampoco se puede descartar.

El abogado lamenta que la Comisión se siga negando a “abrir el debate sobre este tema para generar un panel científico con médicos, sicólogos y las propias víctimas, a efecto de analizar caso por caso, para cumplir con la obligación del Estado de brindar atención gratuita y de calidad” a las víctimas que lo requieren.

“Lo que hacen hoy es gestionar citas en hospitales, pero no le dan seguimiento a los casos, no los acompañan porque no hay un protocolo de actuación. Por eso vamos a presentar una queja ante la CNDH para que se pueda documentar la existencia de violaciones a la LGV por parte de la CEAV”, señala Gutiérrez, para quien muchas de las negativas en dar atención tienen un trasfondo económico.