Ciudad de México. Las autoridades judiciales, estatales y federales, tienen una gran responsabilidad para hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición y sus familias, enfatizó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un mensaje con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este domingo, el organismo internacional delineó algunas medidas para que los poderes judiciales cumplan con su deber de garantizar los derechos de las víctimas de este delito.

Entre éstas planteó: el control de la actuación de otras autoridades y la efectividad de las garantías procesales como medio para prevenir las desapariciones forzadas, el control de la investigación penal para asegurar que se conduzca con la debida diligencia y contribuya a la búsqueda de las personas desaparecidas, el ejercicio amplio de las facultades previstas en la Ley de Amparo para promover la búsqueda de personas desaparecidas y la garantía de la participación de las familias de personas desaparecidas en el proceso y el acceso a la información.

La ONU-DH en México reafirmó su apoyo y respaldo a las víctimas de desapariciones, y alienta al Estado a hacer efectivo el derecho a la justicia “frente a un crimen particularmente atroz”.

“En toda democracia, el papel del poder judicial es esencial para hacer frente a las injusticias. La protección que puede brindar el poder judicial constituye para las familias de las personas desaparecidas la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y la negligencia de otras autoridades. A lo largo de los años, las familias de personas desaparecidas han depositado confianza en la efectiva protección por parte del poder judicial frente a la falta de búsqueda, la desatención a sus derechos, la ineficacia de las investigaciones y la ausencia de reparación”, señaló Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México.

Agregó que la “grave situación que enfrenta México en materia de desaparición –con número oficiales que rebasan los 73 mil casos— requiere del compromiso efectivo de todas las autoridades. Por ello, es necesario que quienes integran los poderes judiciales asuman esta tarea con responsabilidad, compromiso, sensibilidad y garantizando el respeto a los derechos humanos”.

Recordó que la búsqueda de justicia de las familias les ha llevado a abrir caminos para toda la sociedad, como lo muestra el caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición durante la denominada guerra sucia, cuya familia obtuvo una sentencia favorable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiese una determinación “que ha marcado un hito sobre la obligación de los jueces de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos”.

La ONU-DH también celebró la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de avanzar en el proceso de reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos consagrados en la Convención internacional en la material; por lo que instó al Senado de la República a aprobar este instrumento a la brevedad. “Una vez concretado este paso, las víctimas encontrará un canal adicional para acceder a la justicia en el ámbito internacional como lo ha sostenido la ONU-DH”.

También saludó los avances producidos en los últimos meses en relación con la implementación de Ley General en materia de Desaparición de Personas, como la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas y la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y su versión pública, “que permite una aproximación más cercana a la dimensión del problema que ejercicios anteriores”.