Ciudad de México. Más de 200 organizaciones civiles y colectivos criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya “deslegitimizado y estigmatizado” a nueve ong y a un medio de comunicación al acusarlos de recibir financiamiento internacional para oponerse al Tren Maya.

Enfatizaron que con esas descalificaciones, el mandatario “criminaliza y desacredita” la labor de defensa de las garantías fundamentales y de la libertad de prensa, por lo que le exigieron una disculpa pública.

En un comunicado firmado entre otras por los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria, la casa del Migrante de Saltillo, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la oficina de Oxfam en México, entre muchas otras, señalaron que desde que López Obrador asumió la Presidencia, en diciembre de 2018, han sido asesinados por lo menos 14 periodistas y 26 activistas.

Además, agregaron, Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente.

“Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión”, indicaron.

El viernes pasado, en una conferencia en Reynosa, Tamaulipas, se dio a conocer los nombres de nueve ong (los consejos Regional Indígena y Popular Xpujil; Diálogo y Movimiento; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa y Fundación para el Debido Proceso) y un medio de comunicación (Animal Político) “que han emprendido acciones legales y campañas en medios de comunicación en contra del Tren Maya”, y son financiadas por las fundaciones Kellog, Ford y ClimateWorks, así como los fondos Nacional por la Democracia y el Rockefeller Brothers.

Se aseguró que han recibido de las fundaciones estadunidenses cerca de 14 millones de dólares desde 2006. “Me gustaría que esas organizaciones y las empresas aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero de ambientalistas, también de defensores de derechos humanos y, al final, es un asunto de lucha de poder, en lo económico y en lo político”, señaló López Obrador.

Al respecto, las más de 200 ong sostuvieron: “Recordamos al gobierno Federal que, tal como lo ha establecido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan. En este tenor, el ejecutivo Federal debe abstenerse a emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión”.

Por lo que manifestaron su preocupación ante las afirmaciones del presidente López Obrador. Las ong señaladas por el mandatario “están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto Tren Maya en el sureste del país, que viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas (...)

“Enfatizamos que las declaraciones emitidas por el ejecutivo Federal no protegen, respetan ni garantizan los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionales de los que México es parte, y generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales, contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el estado de derecho en nuestro país”, subrayaron.

Ante esto, las organizaciones y colectivos firmantes demandaron tanto al gobierno federal como a los locales cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de activistas y periodistas, realizando una disculpa pública y rectificando “las declaraciones estigmatizantes” efectuadas en la conferencia de prensa del viernes 28 de agosto; generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden las garantías de los pueblos y comunidades afectadas por la implementación de megaproyectos y posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica, en los medios de comunicación.