Ciudad de México. La iniciativa que impulsa el congreso local que “pretende sancionar con multas y hasta clausuras a comerciantes establecidos que expendan los llamados productos chatarra, promoverá el mercado informal que ya inunda las calles y la economía de la Ciudad de México pues estos mismos productos se venden en la vía pública sin ninguna restricción ni siquiera sanitaria”, aseveró Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX).

“En el ambulantaje no existe ningún tipo de regla ningún tipo de sanción, lo único que se estaría cancelando son a los pequeños comercios bien establecidos que pagan impuestos y pagarán los platos rotos de iniciativas que no ayudan a la economía pero un apoyo muy grande sería que quitaran este tipo de leyes hasta que pudiéramos llegar a un punto de equilibro y salir de la crisis que ha dejado la pandemia”, indicó.

El líder empresarial lamentó que en la promoción de la iniciativa ni siquiera hayan sido considerados los sectores a los que afectará cono “los pequeños comercios, consumidores, trabajadores y productores que debían ser consensados”.

Señalo que alrededor del 15 por ciento de las tiendas de abarrotes han debido cerrar al no poder contrarrestar la disminución de sus ventas.

La amenaza prohibicionista afectaría aún más las ventas de estas familias y la cifra de negocios obligados a cerrar podría aumentar dramáticamente poniendo en jaque a por lo menos un 40% de pequeños negocios en pleno intento de recuperación” señaló.

Tan solo en la Ciudad de México existen alrededor de 121 mil 883 pequeñas empresas dedicadas al comercio minorista de abarrotes, las cuales representan una fuente de empleo para al menos 900 mil personas, añadió.

Tras el confinamiento para contener la pandemia han tenido una pérdida económica promedio del 25 por ciento en sus ventas.

“Los alimentos que buscan prohibir son de alta demanda y motores de venta de muchos comercios, la mayoría de los cuales son familiares por lo que los diputados locales tendrían la obligación de consultar a los sectores afectados y en conjunto construir un plan gradual que esté a la altura de las necesidades de la sociedad sin atentar contra la recuperación económica de los pequeños comerciantes”.