León, Gto.  El gobierno de León no debe reprimir, ni criminalizar la protesta social como ocurrió con las mujeres  y periodistas que fueron golpeadas durante una protesta, exhortó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas del gobierno de México. 

El sábado 22 de agosto, al finalizar una marcha organizada para protestar contra el acoso sexual que sufrió Elelyn por parte de policía, 22 mujeres -entre ellas menores de edad- fueron detenidas y golpeadas por la policía.   

Cuatro reporteras también fueron agredidas, unas golpeadas, jaloneadas, esposadas y también se intentó obstruir su labor periodística. 

El Mecanismo condenó y rechazó las agresiones que las que fueron víctimas las mujeres y las periodistas y solicitó al gobierno de León, encabezado por el panista Héctor López Santillana, a que respete los derechos humanos, la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas. 

La autoridad local debe priorizar “el diálogo, evitando la represión o criminalización de las expresiones ciudadanas, sin violentar leyes ni derechos humanos”, señaló el organismo federal. 

“Llamamos a las autoridades a cumplir con los más altos estándares internacionales sobre la actuación policial en manifestaciones, respetando en todo momento la tarea periodística y el derecho a la protesta”, señaló en un pronunciamiento publicado en la página del gobierno de México. 

Reconocieron que el presidente municipal se haya disculpado -a través de Facebook- con las víctimas de los policías y que haya hecho énfasis en que no se volverán a repetir este tipo de hechos. 

“La protesta social es un acto que fortalece la vida democrática de cualquier país, toda vez que posibilita la deliberación, consenso y resolución sobre cuestiones de interés público y que, además, lleva al espacio público los requerimientos de sectores sociales vulnerables”, refirió.  

El mecanismo encabezado por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad sostuvo que “es tarea de los tres niveles de gobierno garantizar canales y espacios de libre expresión, que abonen a la pluralidad de voces y el disenso, y permitan a su vez ejercer el derecho a la protesta y la libre manifestación de ideas”. 

Sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, ha manifestado que no se puede permitir que el estado de Guanajuato se convierta en “un manifestódromo violento como la Ciudad de México”.