dar por terminadas diferencias en materia de impuesto sobre la renta, constituye una buena noticia para las arcas de la nación. Por años el régimen de exenciones y previsiones fiscales aplicado en beneficio de muchos grandes contribuyentes de México por parte de gobiernos anteriores favoreció los intereses de algunas corporaciones, en detrimento de la recaudación fiscal indispensable para el financiamiento de los servicios públicos y la inversión estatal.
La medida representa la continuación de una saludable tendencia inaugurada en febrero de 2020, cuando América Móvil, empresa fundada por Carlos Slim, reconoció públicamente ser la compañía líder en telecomunicaciones
que, como una derivación de los ejercicios fiscales de 2016 a 2019, pagó 8 mil 290 mdp al SAT, incorporándose al esquema de consolidación fiscal y abandonando el llamado régimen opcional de grupo, que permitía diferir el pago del impuesto sobre la renta por hasta tres años.
En abril el gran empresariado, por interpósito Consejo Coordinador Empresarial (CCE), había reclamado al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que a su juicio (el del Consejo) era una falta de apoyo gubernamental a las compañías instaladas en el país. El titular del Ejecutivo respondió con una carta en la que daba a conocer un listado de 15 personas y empresas que, en conjunto, adeudaban al fisco 50 mil mdp en calidad de impuestos. Y poco más de un mes más tarde otro corporativo –en esta oportunidad Walmart– informó que había pagado al SAT 8 mil 79 mdp por impuestos atrasados.
Días después Fomento Económico Mexicano (Femsa), embotelladora de Coca-Cola y propietaria de la cadena de tiendas Oxxo, hizo lo propio y pagó al organismo recolector de impuestos la suma de 8 mil 790 mdp, misma que le sería reconocida en sus estados financieros del tercer trimestre del año. A esas alturas, las cantidades ingresadas en las arcas gubernamentales superaban con creces las asignaciones presupuestarias anuales destinadas a rubros tales como educación y cultura.
En junio fue Minera Fresnillo –cuyo socio mayoritario es el multimillonario Alberto Bailléres– la empresa que se puso al corriente de sus obligaciones fiscales, al pagar al gobierno mexicano alrededor de 4 mil 612 mdp por concepto de impuestos atrasados. Y a fines del pasado mes de agosto fue International Business Machines (IBM), la corporación tecnológica que saldó un adeudo por 669 mdp que tenía con el SAT, comprometiéndose de paso a operar en lo sucesivo con apego al marco legal, tal y como deben hacerlo todas las empresas
, al decir del procurador fiscal.
La cifra que resulta de todas estas actualizaciones impositivas asciende a poco más de 32 mil 300 mdp, y da cuenta del deficiente manejo que las autoridades hacendarias habían tenido en su gestión durante anteriores administraciones de gobierno, pero también de la poca disposición de muchas grandes corporaciones a cumplir con sus obligaciones fiscales, a pesar de los generalmente muy jugosos márgenes de ganancia con que operan en territorio mexicano.
