Diversas organizaciones de la sociedad civil condenaron la actuación de las corporaciones policiales en León, Guanajuato, durante la movilización ocurrida el 22 de agosto para protestar en contra de la violencia de género.
En un comunicado, organismos como Amnistía Internacional México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, entre otros, recordaron que el 22 de agosto más de cien mujeres salieron a las calles de León para exigir justicia para Evelyn, una joven que días antes denunció públicamente que el 14 de agosto policías municipales abusaron sexualmente de ella.
Medios de comunicación y manifestantes registraron actos de las corporaciones policiales que limitaron el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Según estos registros, algunos elementos hicieron uso desproporcionado de la fuerza al golpear, jalar por el cabello y el cuello, y patear a las manifestantes.[Asimismo, al menos 22 personas fueron detenidas, entre ellas cuatro menores de edad, señalaron las organizaciones firmantes.
Durante las detenciones, las autoridades incurrieron en violaciones al debido proceso: en algunas detenciones se ejerció violencia física; testimonios públicos denunciaron agresiones sexuales por parte de elementos policiales; hubo dilación en la puesta a disposición a la autoridad de algunas de las personas detenidas. Además, agentes policiales también agredieron a cuatro mujeres periodistas.
“El actuar de las autoridades contraviene estándares internacionales de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza en contexto de protesta. El operativo policial no se basó en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regirlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que el uso de la fuerza en estos contextos debe entenderse como un recurso último, limitado y excepcional”, subrayaron los colectivos.
Respecto a las detenciones y abuso policial contra menores, las organizaciones firmantes recordaron que el uso desproporcionado de la fuerza afecta de formas diferenciadas a grupos en situación de vulnerabilidad, como son mujeres y adolescentes, por lo que en particular los Estados están obligados a preservar con mayor cuidado la integridad física de las personas menores de edad.
En ese contexto, recordaron que Guanajuato es el estado con el mayor número de mujeres asesinadas en el país, con 286 casos registrados de enero a julio del presente año, lo cual demuestras que “ni el estado de derecho ni la seguridad para las mujeres y sus familias están siendo garantizadas por el estado”.
Luego de destacar que la desobediencia civil “es una expresión legítima la cual no debe ser estigmatizada”, las organizaciones le exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato diseñar, en colaboración con la sociedad civil, un protocolo de actuación policial en contexto de protesta, con perspectiva de género y derechos humanos.
A la Fiscalía General del Estado le exigió investigar con diligencia y con perspectiva de género a quienes pudieron haber perpetrado violaciones de derechos humanos durante la manifestación del 22 de agosto, y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo la identificación de la cadena de mando y garantizar medidas para la no repetición.
