Río de Janeiro. La justicia brasileña ordenó este viernes la destitución del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por su presunta implicación en esquemas de corrupción en el área de la salud en plena pandemia de coronavirus.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinó la separación inmediata de Witzel de su cargo, por un periodo mínimo de seis meses, y le prohibió el acceso a las dependencias del gobierno.

"El grupo delictivo [integrado por miembros del gobierno de Rio y empresarios] actuó y sigue actuando, desviando y lavando recursos en plena pandemia de covid-19", afirmó el juez del STJ Benedito Gonçalves, que autorizó la destitución.

Los abogados de Witzel se dijeron "sorprendidos" por la orden "unilateral" y anunciaron que responderán adoptando "todas las medidas pertinentes".

Desde primeras horas del día, una operación policial de gran envergadura se desplegó en el Palacio de Laranjeiras, sede del gobierno de Rio, con dos helicópteros que sobrevolaban el lugar, informó un periodista de la AFP.

La fiscalía había pedido la prisión de Witzel pero el juez Gonçalves la negó, argumentando que apartarlo del cargo sería suficiente para frenar la continuidad de los delitos.

Desvíos en la Salud

El STJ ordenó igualmente decenas de allanamientos, algunos con órdenes de detención, como en el caso del Pastor Everaldo, un líder evangélico que preside el Partido Social Cristiano (PSC), al que pertenece Witzel.

La investigaciones reunieron indicios de que Witzel y los demás investigados cometieron delitos de corrupción activa, pasiva, asociación para delinquir y lavado de capitales, según detalló el STJ.

La esposa de Witzel, Helena Witzel, también fue denunciada por la Fiscalía, que detectó pagos a su escritorio de abogacía por parte de al menos uno de los empresarios involucrados en los desvíos.

De acuerdo con la Fiscalía, Witzel creó desde su llegada al cargo en enero de 2019 una caja paralela para recibir sobornos de empresas beneficiadas con contratos públicos. Entre los casos investigados figura la gestión de los hospitales de campaña previstos para pacientes afectados por el Covid-19, así como la compra irregular de respiradores y medicamentos.

De los siete hospitales planeados, apenas dos salieron del papel.