Buenos Aires. El Senado argentino aprobó un controvertido proyecto oficialista de reforma judicial que según la oposición busca blindar con impunidad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien es sujeto investigaciones por supuesta corrupción.
La iniciativa fue aprobada a primera hora del viernes por 40 votos a favor y 26 en contra en una acalorada sesión virtual en la cual opositores advirtieron que el oficialismo había introducido cambios de último momento al proyecto y senadores kirchneristas denunciaron amenazas de muerte contra la expresidenta (2007-2015).
Aunque en la cámara alta le sobraron los votos, no está claro que el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández tenga el respaldo necesario en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Con carteles que decían “Queremos justicia, basta de impunidad”, decenas de ciudadanos se congregaron en las cercanías del Congreso en rechazo a la iniciativa impulsada por el presidente Fernández.
Una de las objeciones de jueces, fiscales, abogados y de la fuerza opositora Juntos por el Cambio -del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- es que el proyecto pretende quitarle poder a los juzgados federales a cargo de causas por corrupción.
Opositores criticaron además que la iniciativa da prioridad a una creación desmedida de juzgados, lo que conllevaría un aumento injustificado del gasto público. También apuntaron que no goza del consenso necesario y que se debate en momentos en que existen problemas más acuciantes como la crisis económica en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
El senador opositor Martín Lousteau denunció en el recinto que “nos estamos enterando de un montón de cambios. Ya hubo un dictamen, sobre el dictamen ahora hay casi 10 minutos de cambios, entre los que hay la creación de un montón de cargos”.
La vicepresidenta, que es también titular del Senado, no dio curso al reclamo.
Según el presidente Fernández el proyecto se propone “consolidar una justicia independiente” que logre revertir “la crisis” de credibilidad que afecta al fuero federal -muy cuestionado por distintos sectores por supuestamente plegarse al poder en turno-.
