La diligencia se realizó a partir de una orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, luego de que se detectó que continuaban los trabajos de construcción del inmueble de 15 niveles, a pesar de que fueron suspendidos el año pasado por las irregularidades que presenta, entre ellas la invasión de 50 por ciento del área de valor ambiental del vaso regulador.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se había permitido el ingreso de los trabajadores para que realizaran obras de mitigación, a fin de evitar algún riesgo de colapso en el terreno, pero se continuó con el proyecto sin ninguna autorización.

El Invea detalló que el 21 de agosto dio aviso al tribunal de que un día antes constató la realización de trabajos del proyecto constructivo de la obra referida y el quebrantamiento de sellos de suspensión de actividades, a efecto de que dicha autoridad jurisdiccional acuerde lo procedente.

Los trabajadores que laboraban en el lugar se retiraron luego de que personal del Invea procedió a la colocación de los sellos de suspensión de las obras, sin ningún incidente.

Hace tres años, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial emitió una resolución en la que se constató que las irregularidades comenzaron desde el inicio de la obra, pues no contaba con el certificado único de zonificación de uso de suelo, el dictamen favorable del estudio de impacto urbano ni la autorización en materia de impacto ambiental.

El proyecto arquitectónico declarado en la manifestación de construcción tampoco corresponde al ejecutado, pues se registró una altura de 10 niveles y se construyeron 15, que además representa un riesgo alto, pues hay inestabilidad en las laderas de la presa Anzaldo, sin contar con las inundaciones durante la temporada de lluvias.

De 2017 a la fecha se han realizado varios intentos por detener la obra, como el inicio de una acción pública ante el tribunal, cuyo juicio se sobreseyó, y un amparo que se perdió.