Ciudad de México. En México existe una falta de información y de estadísticas gubernamentales que den cuenta de la situación de vida y de la cantidad de jóvenes que egresan de los Centros de Asistencia Social (CAS) o casas hogar, arrojó una investigación realizada por la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
De acuerdo con el estudio Más Derechos, Más Autonomía, responsables de estos centros denunciaron que existe un vacío de datos, hay expedientes incompletos y desconocimiento sobre las circunstancias de vida de los menores.
El último censo de CAS, realizado en 2015, reveló que había 33 mil 118 niños y niñas institucionalizados y 879 centros, con predominancia de instituciones privadas y de carácter religioso, pero no ofrece datos sobre la transiciones de los jóvenes en el proceso de egresos, dijo Martha Zanabria, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco.
Al presentar el estudio, la especialista señaló que existe una gran heterogeneida entre cada CAS en función de criterios de admisión, el modelo que implementa y recursos disponibles. Indicó que lo anterior se ve reflejado mayormente en las condiciones del personal que en algunos casos presenta escasa capacitación y en la calidad del cuidado.
Expuso que los modelos de atención y la forma en la que se interpretan los derechos en estos lugares evidencian grandes diferencias entre los cuidados, en el control y regulación de salidas y visitas, en la posibilidad de acceso a la salud sexual integral, así como a las tecnologías de comunicación. Sobre este último punto, añadió que los centros no tienen equipos suficientes ni actualizados, lo que repercute en la educación e incluso la conservación de los vínculos familiares.
Zanabria señaló que el trabajo para sanar el trauma, reconstruir el vínculo entre los niños, niñas y adolescentes y sus familias, se percibe como escaso, poco planificado y fragmentado.
Indicó que desde la perspectiva de los jóvenes en algunos CAS no cuentan con un programa de egreso que posibilite la autonomía progresiva y la vida independiente, sobre todo que sea considerado como un derecho y no una dádiva meritoria discrecional basada en logros académicos u oportunidades temporales pactadas con empresas.
En la presentación del estudio, Ricardo Bucio, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso que es necesario mejorar la legislación y política pública en la materia, así como tratar de unificar ciertos estándares en los CAS.
