La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.

Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.

Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.

En el texto que envió a la Comisión Permanente, y al cual ayer se le dio entrada y se turnó a comisiones del Senado, el Presidente de la República resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019 el número de desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquellas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito.

El Ejecutivo federal recalca que entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010, y a ello se suma ahora reconocer la competencia del órgano de la ONU responsable en esa materia.

Se destaca en el oficio que envió el Ejecutivo a la Comisión Permanente que la declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada.

De igual forma, la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los derechos humanos.