Ciudad de México. Aunque el evJuan Carlos Gutiérrez, director de la organización civilentual reconocimiento del Estado mexicano a la plena competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) es un gesto positivo e importante, los familiares de las víctimas no deben sobreestimarlo, pues las autoridades del país han ignorado sistemáticamente las sentencias y recomendaciones de diversos organismos internacionales. 

Así lo advirtió  Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien llamó a no “lanzar las campanas al vuelo” con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y destacó que el cumplimiento de fallos depende más de la voluntad política de los gobernantes, que de la firma de tratados. 

La aceptación por parte de México de la facultad de la CED de recibir casos individuales de desaparición “es un avance importante, porque le abre a las víctimas la posibilidad de que un organismo internacional pueda pronunciarse en contra del Estado mexicano” por la comisión de este tipo de crímenes, así como pedir que se investiguen, se sancione a los responsables y se repare el daño, indicó el activista. 

Sin embargo, también hizo ver que el gobierno del país ha desacatado numerosas recomendaciones e incluso fallos de diversos organismos, e incluso ha llegado a argumentar que muchas de esas peticiones únicamente son de cumplimiento opcional. 

Un ejemplo de ello, dijo Gutiérrez, son las sentencias emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los casos de las desapariciones de Israel Moreno, Christian Téllez y Víctor Manuel Guajardo, cuyo plazo de cumplimiento ya se venció desde hace meses, sin que el gobierno del país acate sus términos. 

De igual manera, señaló el abogado, el CED ha emitido 399 acciones urgentes de búsqueda de víctimas de desaparición, las cuales México tampoco ha cumplido, y que de hecho han sido relativizadas por diversos jueces y agentes del Ministerio Público, quienes consideran que dichos señalamientos no son de cumplimiento obligatorio. 

La admisión plena de las competencias del CED “es un acto de gran calado y abre una vía de justicia internacional, pero no lancemos las campanas al vuelo, porque el Estado mexicano ha incumplido flagrantemente las decisiones” de otras entidades de igual importancia, dijo. 

Por otra parte, Gutiérrez indicó que, si las autoridades no muestran voluntad de investigar las desapariciones, un caso individual en el CED probablemente daría lugar a un proceso de litigio que se lleva de cuatro a cinco años en dar como resultado una sentencia.