A pesar de qué hay sentencias de la Corte, la Cámara de Diputados continúa sin legislar en distintas materias, que llegan otra vez como pendientes al próximo periodo de sesiones ordinarias. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió un documento de su área jurídica donde se señala que, entre otras, están pendientes las reformas en materia de remuneración de funcionarios públicos y el uso lúdico de la mariguana.  

Entre los pendientes a resolver en San Lázaro se enlista el paquete de reformas por sentencia judicial; despenalización del uso de mariguana (cannabis); Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos; Ley contra el Odio Racial; Ley Federal de Telecomunicaciones; y, reformas al Código Fiscal de la Federación. 

Un pendiente es la aprobación a las modificaciones a la Ley reglamentaria de la reforma al artículo 35 de la Constitución, para regular la consulta popular ni la que corresponde en materia de revocación de mandato. Sobre el particular, incluso los grupos políticos representados ahí no han presentado iniciativas. Sobre el particular el Congreso tenía hasta junio para aprobar ambas leyes, como se definió en los artículos transitorios de aquella reforma, aprobada en diciembre. 

En materia de telecomunicaciones, los diputados están obligados a modificar la ley en términos del derecho de las audiencias para facilitar la interacción con los medios y las autoridades, y romper la distancia que existe entre emisores y receptores, con formas viables y operantes el derecho a contar con una programación y contenidos que eleve su condición cultural y social.  

Se contempla garantizar el derecho de acceso a la información porque es la herramienta principal para la participación ciudadana en un sistema democrático, por tanto, es indispensable para un electorado informado, la rendición de cuentas por parte del gobierno y el funcionamiento adecuado de los procesos políticos.  

Mientras que la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación contempla estipular los datos que deberá presentar el contribuyente para desvirtuar la inexistencia de operaciones.  

Así, el ciudadano podrá entregar pruebas a la autoridad como estados de cuenta bancarios, contratos vigentes, negociaciones previas; reportes periódicos de avances; gastos de operación; integración de bienes muebles; y listado de inmuebles e inventarios.