Chiapas. Sometido a una extraña hostilidad mediática, el ejido de Tila, en la zona norte de Chiapas, expuso en un documento los hechos que han alterado la frágil estabilidad de su casco urbano y marcan el retorno de la organización Paz y Justicia (que nunca se fue realmente), denunció los “actos vandalicos de los pobladores y avecindados inconformes, no en su totalidad”, este martes 25. “Entre las seis y las siete horas comenzaron a tumbar los portones de seguridad que la asamblea general de ejidatarios acordó construir para seguridad de la población y como filtro sanitario del Covid 19”.

La representación ejidal argumenta estar cumpliendo con la legislación agraria en vigor, y señala como responsables al expresidente municipal Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, “líderes intelectuales paramilitares en el norte de Chiapas”, vinculados con “la matanza en la zona baja entre los años 1997 y 1998”. Son hermano y sobrino respectivamente de Samuel Sánchez Sánchez, actualmente preso en el Amate. “Francisco Arturo se está promoviendo como candidato a presidente municipal queriendo ‘rescatar’ el municipio de Tila”.

La pugna, que no es nueva, entre dos grupos de pobladores de la cabecera municipal, se entrevera con posiciones políticas encontradas que datan de la guerra contrainsurgente de Ernesto Zedillo en la región chol, cuando el Ejército federal y el grupo paramiltar priísta Desarrollo Paz y Justicia generaron una violencia armada contra la resistencia y las autonomías de los pueblos zapatistas y sus aliados que costó centenares de muertes y de familias desplazadas, violaciones y desapariciones aún hoy no resueltas.

Por la vía legal, en años recientes los ejidatarios originarios de Tila recuperaron sus derechos territoriales, que habían sido erosionados e incluso enajenados por los “avecindados”, es decir pobladores que no son del ejido ni pertenecen a la asamblea ejidal, pero que dada la condición urbana del ejido se han instalado a lo largo del tiempo, llegando a controlar el gobierno municipal y una parte importante del centro de Tila, una población con mucho comercio.

El ejido además alberga un atractivo turístico-religioso con el culto al Señor de Tila, que llega hasta Centroamérica y del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador, originario de Macuspana, Tabasco, se declaraba devoto hace unos años. Pero también las instalaciones del culto pertenecen al ejido, lo cual causó en el pasado roces con la parroquia católica.

A fines del siglo pasado, Paz y Justicia se enseñoró por toda la zona norte y con el apoyo del gobierno controló los municipios de Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua y Tila. Al caer en desgracia sus principales cabecillas y pagar prisión por varios delitos (pero por los asesinatos que cometieron directa o indirectamente) la región se pacificó hasta cierto punto. Fue entonces que el ejido recuperó legalmente sus derechos ejidales e instauró una cierta autonomía inspirada en la zapatista.

Las acusaciones contra Arturo Sánchez Sánchez van hasta un añejo conflicto cuando aún o existía Paz y Justicia pero sus futuros fundadores ya era delincuentes. “El 10 de mayo de 1981 mató a uno de sus compañeros (Juan Perez, conocido como Juan Ronco) por el mismo problema del supuesto municipio (oficial) sin posesion legal, porque el caserío del poblado está asentado en tierras ejidales, patrimonio de los 836 ejidatarios capacitados”.

En varias ocasiones éstos han denunciado agresiones, como en 2005 “por cuestiones politicas y el encarcelamiento de varios ejidatarios que fueron señalados por personas encapuchados quienes dirijian la policia del estado”. Tambien denunciaron “la contratacion de encapuchados armados en 2015” y el nombramiento de un comisariado por parte del ayuntamiento municipal de pobladores y avencidados “falsificando la firmas y huellas de los ejidatarios con derecho al Registro Agrario Nacional y algunos difuntos. Los levanta muertos son Miguel Vázquez Gutiérrez, Luciano Pérez López y los integrantes del supuesto comisariado legal, y hoy nos cometen la violacion a los acuerdos de la maxima autoridad”, pues participan en “los grupos que hoy destruyeron el portón”. Lo hicieron “sin temor alguno porque dentro del poblado se encuentran personas vandálicas y ex presos, por si la gente llega a defender el portón, ellos salen con las armas de alto calibre que con tiempo lo fueron introduciendo”.

Aclaran: “nuestra lucha es en defensa de tierra y territorio, no para buscar conflicto con paramiltares de Paz y Justicia”.

Además de versiones de que los agresores han reclutado a pobladores de otros poblado y municipios, la autoridad ejidal de Tila revela que se apoyan en “jóvenes pandilleros y drogadictos contratados con anterioridad”, lo cual se se denunció en las redes sociales. Se trataría de “jóvenes acarreados que desconocen la legalización del ejido, sólo cumplen por la contratacion economica”.

Alertan que “hay muchas amenazas de secuestros por parte de estos alborotadores armados con armas de alto calibre”, y solicitan a “los diferentes centros de derechos humanos no gubernamentales” que dirijan su mirada hacia el ejido. “Responsabilizamos a los ya mencionados lo que pueda ocurrir en estos momentos”.

Organismos civiles en la región tseltal-chol han documentado que quienes “realizan daños y perjuicios” contra el ejido son asesorados y financiados por el actual presidente municipal Limbert Gutiérrez Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, y el delegado regional de la organización Desarrollo Paz y Justicia, y funcionario, Oscar Sánchez Alpuche.