En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra el gobierno de Nuevo León, por la irregular adquisición de insumos materiales para la construcción y equipamiento de la línea 3 del Metrorrey, por un monto de 192 millones de pesos, con el consecuente riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios de ese medio de transporte.  

El órgano fiscalizador informó a la Cámara de Diputados ha documentado en las cuentas públicas de 2015 a 2018, que el gobierno de Jaime Rodríguez, El bronco, no ha solventado una cifra superior a los 19 mil millones de pesos, producto del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en ese rubro se encuentra el caso de las decenas de miles de sujetadores de las vías del tren urbano en Monterrey.  

Así la Auditoría recomendó a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, efectuaron una deficiente supervisión de la calidad establecida en las normas técnicas y normas oficiales mexicanas aplicables.  

En la Comisión de Vigilancia de la ASF en San Lázaro, se han señalado las irregularidades en el uso de fondos para los sistemas de transporte Metro y Ecovía y, a su vez se estudia la deficiente calidad de los materiales adquiridos. El análisis de la cuenta pública de 2018 del estado, arrojó que el suministro e instalación de 80 mil 541 sujetadores adquiridos por Metrorrey, por un monto de 196.2 millones de pesos, no cumplían con las normas técnicas y de calidad en México.  

De ahí, la conclusión del ente revisor sostiene que la autoridad encargada de impartir justicia tiene obligación de aplicar las acciones necesarias con la finalidad de garantizar la calidad y seguridad de los usuarios de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, toda vez que, de presentarse anomalías durante la operación y servicio de los mismos, será responsabilidad de la entidad fiscalizada por omitir la verificación de la calidad de los trabajos realizados, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  

Esa observación también fundó en las denuncias públicas porque los sujetadores que Metrorrey adquirió y que no cumplían con las especificaciones técnicas, porque presentan deficiencias de tamaño, lo que provoca vibración en las vías e inestabilidad, según concluyó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión de la cuenta pública 2018.  

En la Cámara de Diputados se ha concluido que los primeros 7 mil 750 sujetadores adquiridos, con un costo de un millón 222 mil 830 dólares, no cumplieron con las especificaciones solicitadas. Y aún así, en diciembre de 2018, Metrorrey adquirió 80 mil 541 sujetadores más, por monto de 12 millones 765 mil 341 dólares.  

Aunado al procedimiento que impulsará la Cámara de Diputados, para que el gobierno de Jaime Rodríguez, solvente y aclare el destino de 19 mil 800 millones de pesos, se encuentra el caso de su secretario de Desarrollo Sustentable, José Manuel Vital Couturier, de quien se tiene registro ha incurrido presuntamente en un quebranto por 359 millones pesos, cuando ocupó la dirección de Prestaciones Sociales y Económicas del Isssteleón, y se solicitará el inicio de una investigación por parte de la bancada de Morena.