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Demanda CED a México investigar 39 casos de desaparición en Nayarit

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Familiares de desaparecidos durante una protesta en imagen de archivo. Foto Marco Peláez
26 de agosto de 2020 21:25

Ciudad de México. El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) emitió una serie de acciones urgentes para que el Estado mexicano tome urgentemente todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en el estado de Nayarit entre abril de 2012 y mayo de 2020.

De igual forma, el organismo internacional le solicitó a las autoridades del país que informen si se ha investigado al personal de la Fiscalía y Policía Estatal del estado de Nayarit por sus vínculos en las desapariciones forzadas, en hechos sucedidos bajo el mando del exfiscal Edgar Veytia, detenido actualmente por narcotráfico en Estados Unidos.

En un comunicado, la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos y cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas señalaron en su solicitud a la CED la existencia de patrones “generalizados y sistemáticos” de desaparición forzada cometida por elementos estatales.

En ese contexto, le pidieron al Comité que emitiera Acciones Urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma urgente, todas las medidas necesarias para la búsqueda, pronta localización e investigación de los mencionados 39 casos de desaparición forzada.

Idheas explicó que la mayoría de las desapariciones denunciadas ocurrieron en 2017, tras la detención del entonces fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, hoy sentenciado en Estados Unidas a 20 años de cárcel por narcotráfico.

El entonces fiscal general, al mando de numerosos agentes de la policía de Nayarit, “utilizó la maquinaria institucional para cometer crímenes graves, entre otros, asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y despojo de tierras”, enfatizó el colectivo.

En este contexto, dijo Idheas, y tras la victoria de Antonio Echevarría (PAN-PRD) en las elecciones para gubernatura el 4 de junio de 2017, “se desató una ola sin precedente de desapariciones de jóvenes de entre 16 y 35 años en territorio nayarita, la gran mayoría cometidas por agentes de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nayarit cercanos a Edgar Veytia y vinculados al tráfico de drogas”.

Hoy en día, agregó la organización, se reportan oficialmente 804 personas desaparecidas en el estado de Nayarit, pero los colectivos de familiares de personas desaparecidas alertan sobre un subregistro de los casos.

En el comunicado, Idheas subrayó que “no existe voluntad política de la Fiscalía General del Estado de Nayarit de esclarecer los hechos y de detener a los responsables materiales e intelectuales, entre otros aspectos por la presencia en dicha institución de varios funcionarios que participaron en los actos y quienes continúan en los cargos”, lo cual “perpetúa la impunidad y a su vez nutre la crisis de desapariciones forzadas”.

En respuesta a la solicitud de la organización civil, el pasado 24 de agosto el CED emitió 39 Acciones Urgentes para los casos de las personas desaparecidas presentados y dictó una serie de medidas al Estado mexicano.

Entre ellas, figura el establecer de inmediato una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva de las 39 personas desaparecidas; asegurar la competencia e imparcialidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas del Estado de Nayarit, y garantizar el acceso de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Nayarit a los expedientes penales de las víctimas.

Asimismo, convocó a las autoridades a adoptar todas las medidas que sean necesarias para investigar y sancionar cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda.

En ese mismo tono, llamó a permitir a los familiares de las víctimas “desarrollar las actividades relacionadas con la búsqueda de las 39 personas desaparecidas, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación u hostigamiento".

El CED solicitó al Estado mexicano enviar información en relación con las recomendaciones emitidas a más tardar el 7 de septiembre de 2020.

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