León, Gto. El alcalde de León, el panista Héctor López Santillana, estaba informado en tiempo real del actuar de la policía en la manifestación de mujeres del pasado 22 de agosto y su instrucción fue la de preservar la integridad de las manifestantes, informó el subsecretario de Seguridad Pública, Mario Alberto Rodríguez Mariscal, quien defendió el actuar de las oficiales al asegurar que se apegaron a derecho.

Durante la protesta, fueron arrestadas 22 mujeres -entre ellas menores de edad- y cuatro reporteras, quienes denunciaron que fueron golpeadas, esposadas, jaloneadas, amenazadas y que se trató de impedir que documentaran la represión.

El funcionario aseguró que las manifestantes dañaron la caseta de vigilancia y un letrero de “León, que estaban en la Plaza del Templo Expiatorio.

Como el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, estaba de vacaciones, fue Mario Alberto Rodríguez, quien supervisó el operativo.

Este último resaltó que las oficiales fueron agredidas con líquidos, harina y huevos, cuando cuidaban la caseta de policía.

Recordó que desde las 5:30 de la tarde del sábado supervisó el operativo y mantuvo informado al presidente municipal.

Rodríguez Mariscal evadió los cuestionamientos sobre las mujeres golpeadas en el piso, sometidas, que sufrieron tocamientos y que fueron detenidas cuando estaban esperando el camión o en sus vehículos.

La Secretaría de Seguridad necesita que se aporten pruebas de los abusos y con “mucho gusto vamos a actuar con todo el peso de la ley”, prometió.

Agregó que las órdenes del alcalde fueron “salvaguardar ante todo la integridad de las manifestantes, aún a pesar de las agresiones de las que fueron objeto las policías, no dudo que pudo haber alguna compañera que no se apegara a estas instrucciones”.

La Secretaría no tiene identificados a elementos que hayan violado derechos humanos y todos siguen trabajando cotidianamente, dijo.

En tanto, el presidente municipal, Héctor López Santillana escribió en su cuenta de Facebook “Proporcionaremos toda la información para que se analice la actuación de todos los elementos involucrados y se determinen responsabilidades”.

Agregó que su gobierno se basa en el estado de derecho, en el respeto a las garantías individuales, a los derechos humanos y “sobre ello actuaremos como autoridad”.

La periodista de Zona Franca, Alfonsina Ávila, -quien fue golpeada a pesar de identificarse como trabajadora de un medio de comunicación- relató que las mujeres policías golpearon y agredieron con “saña” a las manifestantes.

Antes de los arrestos, las oficiales aseguraron que “las cosas se iban a poner feas”, recordó la reportera gráfica de PopLab, Brenda Orozco.

Las cuatro comunicadoras agredidas pusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG).

El artículo 240-d del Código penal establece penas de hasta cuatro años de prisión a quien “utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística” y a quien “obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión”.