Ciudad de México. El investigador de Human Rights Watch (HRW) para casos de personas con discapacidad, Carlos Ríos Espinoza, exigió que las instituciones de procuración e impartición de justicia tomen todas las medidas que establecen las leyes nacionales y las convenciones internacionales, para garantizar a este sector de la población el acceso y ejercicio de sus derechos.

Durante una nueva presentación del informe "Es mejor hacerte invisible. Violencia familiar contra personas con discapacidad en México" de HRW, esta vez ante directivos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), el investigador señaló: “las instituciones de justicia, tanto el ministerio público como las defensorías, también ustedes, están obligadas a realizar este tipo de condiciones de accesibilidad”.

Señaló que el Código Nacional de Procedimientos Penales solo habla de hacer ajustes “razonables de procedimiento”, para atender casos que involucren a personas con alguna discapacidad, pero no obliga a que, por ejemplo, se asignen a intérpretes del lenguaje de señas o siquiera a que se adecuen las medidas para permitir el acceso físico a quienes tienen problemas de movilidad.

Explicó, además, que las políticas públicas para atender a este sector de la población hacen recaer toda la responsabilidad en sus las familias, e incluso los códigos penales del Estado de México, Ciudad de México y Oaxaca, castigan con cárcel a los parientes que descuidan esta asistencia, siendo que los convenios internacionales en la materia señalan que esta obligación recae en primer lugar en el Estado y sus autoridades de gobierno.

Por ello, exigió a las fiscalías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los impartidores de justicia que adopten protocolos para atender a las personas con cualquier tipo de capacidad.

En su turno, el director del IFDP, Netzaí Sandoval Ballesteros, afirmó que han tomado medidas, como contratar a dos defensoras que saben lengua de señas mexicana, cuentan con 32 asesores legales sobre derechos de personas con discapacidad, y han creado un observatorio sobre el tema.

El informe de HRH, publicado originalmente desde junio pasado, incluye entrevistas a 46 personas con discapacidad, ubicadas en 4 estados de la república, y reveló que quienes más ejercen violencia en estos casos son los propios familiares que, al no tener capacitación ni recursos para afrontar esta responsabilidad, sufren un desgaste emocional que incrementa su frustración.