Mexicali, BC. Alrededor de mil 600 millones de pesos se encuentran en etapa de investigación por actos de corrupción cometidos por servidores públicos del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, dio a conocer el fiscal General de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández.
Existen tres carpetas de investigación, entre ellas la que se refiere al pago de servicios sin soporte documental por los delitos de enriquecimiento ilicito, abuso de autoridad y peculado, a través de 273 facturas falsas por 1 mil 586 millones de pesos.
Mediante proveedores de Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Puebla se cobraron diversas cantidades en tan solo 24 horas, la mayoría corresponde a estudios realizados para la gestión de Vega de Lamadrid.
Hay más de 15 implicados entre los que se encuentra el exgobernador, los exsecretario de Finanzas Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández, así como subsecretarios y directores la Secretaría de Planeación y Finanzas.
De acuerdo al NUC 42285, personal de la FGE viajó a estás entidades para recabar información de estas empresas que resultaron inexistentes o en algunos casos aseguraron que no realizaron ningún estudio para el gobierno bajacaliforniano.
Otra carpeta de investigación refiere 8 millones de pesos por ilegalidades para la construcción de un inmueble en Tijuana, a través de un fideicomiso, donde están involucradas cuatro personas, entre ellas Brenda Roacho de Vega, expresidenta del Sistema DIF. En mayo se realizó un cateo a una de las casas de la familia Vega Roacjo donde se encontró documentación del manejo ilegal de estos recursos públicos. Está asunto se encuentra listo para judicializarse y está en espera que el Tribunal Superior de Justicia le otorgue turno y juzgado.
La tercer carpeta es por el descuento del 2 por ciento del salario que le hacían a los trabajadores del gobierno del Estado para entregarlos al Partido Acción Nacional y a una asociación civil manejada por el exdirigente panista José Luis Ovando donde hay seis invoiucrados por los delitos de abuso de autoridad coalición de servidores públicos por un monto de 11 millones 630 mil pesos.
En la primera y tercera carpeta está pendiente un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar la investigación y estar en posibilidades de presentarlos en tribunales.
El fiscal dijo que hay más de 3 mil carpetas de investigación que se encuentran suspendidas y en proceso de judicialización que representa un rezago al cierre de operaciones de tribunales del Poder Judicial del Estado.
Este lunes, la FGE rindió un informe ante el gobernador Jaime Bonilla Valdez a pesar de ser un ente autónomo pero se le solicitó comparecer en su informe en redes sociales para dar a conocer los avances de las investigaciones que incluyen a ex funcionarios y actuales representantes populares.
