Ciudad de México. En el contexto de la pandemia de Covid-19, uno de los grupos que sufren mayor vulnerabilidad en México son las personas que viven con VIH, pues a la falta de servicios sanitarios, estudios clínicos y medicamentos suficientes, se le suma el hecho de que algunas de ellas han sido despedidas de forma injustificada u obligadas a revelar su condición serológica para poder quedarse en sus casas y evitar un posible contagio.

Alain Pinzón, director del colectivo VIHve Libre, señaló en entrevista con La Jornada que desde antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus, en el país ya existía un problema de desabasto generalizado de medicamentos antirretrovirales en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, “la pandemia le vino como anillo al dedo al gobierno, porque a partir de esto, tienen un muy buen pretexto para el desabasto, la falta de seguimiento de virología y de atención médica para las personas que viven con VIH. Toda la atención de enfermedades crónico-degenerativas se pausó, como si les pudiéramos decir ‘espérame tantito, que hay otra pandemia qué atender’”.

Entre las principales fallas y omisiones que padece este sector, detalló el activista, se encuentran los programas que obligan a los pacientes seropositivos a salir muchas veces a hospitales públicos para que les entreguen sus medicamentos, en vez de tener un esquema que los abastezca durante varios meses, y la suspensión de estudios de seguimiento virológico.

Además de lo anterior, indicó Pinzón, se ha registrado una tardanza de hasta cuatro o cinco meses para que muchas personas recién diagnosticadas puedan empezar a recibir su tratamiento médico, cuando los estándares internacionales indican que ello debe ocurrir en un plazo máximo de siete días.

De igual forma, la cantidad de nuevos casos de VIH y otras enfermedades, como cáncer y diabetes, empezó a bajar desde marzo, debido a que se está realizando menos labores de detección.

Por otra parte, se ha registrado una falta de insumos como condones y otros métodos de prevención contra las enfermedades de transmisión sexual, lo que ha hecho aumentar los contagios de las mismas, de acuerdo con estimaciones de VIHve Libre.

Jóvenes gays o con VIH, expuestos a mayor violencia 

Todo el trabajo de prevención y atención que se está dejando de hacer en las instituciones de salud del gobierno, han tenido que asumirlo los colectivos civiles. Uno de ellos es Casa Frida, lugar de refugio para jóvenes de la diversidad sexual que han sido víctimas de agresiones homofóbicas.

Raúl Caporal, uno de los integrantes de la coordinación de dicho sitio, subrayó que la convivencia diaria a la que obligó la cuarentena hizo que muchos jóvenes no heterosexuales se vieran expuestos a una mayor cantidad de agresiones de familiares homófobos, lo cual hizo aumentar sus niveles de ansiedad y estrés, al punto de orillar a algunos de ellos a escapar de sus casas para no sufrir más violencia.

Por otra parte, el activista explicó que al menos una cuarta parte de sus usuarios de la Casa ya tenían un diagnóstico previo de VIH, pero en gran parte debido a la pandemia de Covid-19, muchos de ellos vieron interrumpido su tratamiento médico antirretroviral, por lo que una de las prioridades es ayudarlos a retomarlo.

“Queremos garantizar que continúen con sus tratamientos antirretrovirales, especialmente los que no son de la Ciudad de México. Hay muchos migrantes, en su mayoría de Centroamérica, pero también de Sudamérica, que quedaron varados por el cierre de fronteras” generado por la pandemia.

Caporal destacó que la emergencia sanitaria ha afectado también el derecho de las personas seropositivas a la confidencialidad de su diagnóstico, pues para que se les permitiera faltar a su trabajo, debían revelar este aspecto y comprobar que son población de riesgo, lo cual ha generado casos de discriminación, negativa de resguardarse en casa e incluso despidos arbitrarios.

“Fue un golpe bajo de mi empresa”

Un ejemplo de lo anterior es el de Florián Alejandro Pérez Santizo, quien luego de trabajar por 3 años y 7 meses en la cadena de supermercados Soriana, fue separado de su cargo sin mayores explicaciones, en lo que él interpreta como un acto de discriminación contra todos los empleados que sufren alguna enfermedad crónico-degenerativa.

Como hace dos años ya había hecho público su diagnóstico en su empresa, para que le permitieran tener mayor flexibilidad de horarios para ir a citas médicas, en esta ocasión Florián pudo acceder al beneficio de no acudir a laborar cuando inició la actual emergencia sanitaria.

“Me estuvieron pagando cuatro meses, del 4 de abril al 5 de agosto, con el 100 por ciento (de sueldo), pero después me llamaron y me dijeron que la empresa se había portado bien conmigo, pero había tenido que tomar ‘decisiones drásticas’. Claro que no despidieron al personal que estaba laborando, sino a los que estábamos en cuarentena”, narró.

“Fue un golpe bajo de la empresa, porque quienes tenemos alguna enfermedad necesitamos más el Seguro Social y vamos a batallar más para encontrar trabajo. Me caló un poco, porque fue el empleo donde duré más, era un buen ambiente laboral y tenía contacto con muchas personas”, lamenta.

Aunque recibió una buena liquidación, el joven está considerando presentar una demanda por discriminación. “No es justo que la empresa nos haya hecho eso. Fueron muchas las personas despedidas por vivir con alguna enfermedad crónico-degenerativa”.