Ciudad de México. El programa gubernamental Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos puede mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores; sin embargo, el riesgo de regresividad que se presenta es que, considerando únicamente superficie y volumen para otorgar los apoyos, inevitablemente los beneficiarios son tratados por igual, en el sentido de que los más pobres, que tienen menor tamaño en superficie y capacidad productiva, tienden a recibir menos apoyos monetarios, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
En una evaluación sobre este programa ejecutado por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), expuso que el riesgo se incrementa con las ampliaciones de superficie en 2020 para maíz, frijol, trigo y arroz. Además, alertó que las visitas en campo reflejaron que los productores pueden incurrir en prácticas de simulación para acceder a los apoyos, como el fraccionamiento de predios, la renta aparente de tierras o la tercerización de productos. Sin una verificación efectiva, añadió, no se garantiza atender a los pequeños productores agropecuarios.
Recordó que programa tiene como objetivo incentivar el ingreso de los pequeños productores para contribuir a mejorar su nivel de vida y aumentar la producción agropecuaria con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, reduciendo las importaciones a través del establecimiento de precios de garantía en granos básicos y en leche. Los apoyos que otorga son para maíz, frijol, arroz, trigo y leche. Para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto aprobado del Programa es de 10 mil millones de pesos, un incrementando de 66.7 por ciento, en términos nominales, en comparación con 2019.
Dado que transferir recursos, vía precios, beneficia más al que produce más, “lo que es un riesgo de regresividad”, el Coneval recomendó establecer niveles de precios y volúmenes máximos escalonados por tamaño de productor, con umbrales menores a los actuales y diferenciados a partir de regiones típicas en tamaño y productividad, y con ello cumplir con objetivos del programa.
Expuso que el primer año de operación del programa enfrentó restricciones en recursos humanos e infraestructura. No obstante, el despliegue operativo fue ágil y funcional, principalmente porque el personal contratado a nivel central, así como en las unidades operativas y centros de acopio se caracterizó por tener una amplia experiencia en el sector y estar altamente capacitados y comprometidos.
En la evaluación también señaló que tanto la revisión de gabinete y el trabajo de campo permitieron reconocer que no existe como tal un proceso de seguimiento a beneficiarios o monitoreo de apoyos, tampoco cuenta con mecanismos para conocer el uso del apoyo ni para calcular cuánto representa, en términos de su ingreso total.
