Bogotá. Colombia volvió al terror de las matanzas en el campo con 33 muertes en los pasados 11 días a manos de grupos financiados por el narcotráfico, tras el alivio que trajo el pacto de paz de 2016 con la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también blanco de la violencia.

Entre viernes y sábado, las autoridades reportaron 17 muertos y dos desaparecidos en dos masacres registradas en un país supuestamente semiparalizado por la pandemia.

Cinco de las víctimas cayeron en Arauca, en la frontera con Venezuela, y seis en el departamento de Cauca, ambas zonas fuertemente militarizadas.

Este sábado Jhon Rojas, gobernador de Nariño, departamento vecino del Cauca y fronterizo con Ecuador, también informó sobre una matanza con seis víctimas y dos desaparecidos en el municipio de Tumaco, donde hay gran cantidad de plantaciones de coca.

Los episodios se encadenan más o menos de la misma forma: un grupo armado irrumpe y abre fuego en alejadas zonas o se lleva a sus víctimas para luego abandonar los cuerpos. La mayoría de los asesinados son jóvenes.

El viernes, en la matanza de El Tambo (Cauca), ultimaron a seis hombres. Los agresores los fotografiaron cuando se los llevaron para mostrarlos antes de masacrarlos, dijo el presidente de la comisión de paz del Senado, Roy Barreras.

El presidente Iván Duque lamentó que estos hechos dolorosos no hayan desaparecido.

Entre 2019 y lo que va de 2020, podemos estar hablando de 34 hechos de esa naturaleza, dijo en un discurso en la ciudad de Cali (suroeste).

La más reciente ola de violencia comenzó el 11 de agosto con el asesinato de cinco menores en una zona de cultivos de caña en Cali; siguió con la de ocho jóvenes que departían en una fiesta en Samaniego, Nariño, y el asesinato de tres indígenas Awá en ese mismo departamento.

En esta espiral de violencia están involucrados, principalmente, grupos que se marginaron del acuerdo de paz con las FARC –la guerrilla que por medio siglo luchó contra el Estado– y bandas del narcotráfico, combustible inagotable de la violencia en Colombia.

También el gobierno apunta hacia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última fuerza rebelde reconocida en Colombia, pero sus portavoces han negado cualquier responsabilidad.

Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia –analistas estiman que por año se han evitado unas 3 mil muertes–, el repunte del narcotráfico y la falta de control efectivo del extenso territorio por parte del Estado han contribuido al regreso a las épocas de los asesinatos.