En la actual administración federal existe un debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de perseguir la piratería, aseguró el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM).
Durante la presentación del estudio “Piratería en México: Diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales”, Francisco Rivas, director del ONC, señaló que “la falta de evidencia del combate a la piratería de las actuales autoridades federales revela que no se está haciendo lo necesario para atender todas las causas de los índices de delincuencia y violencia, así como para frenar la corrupción”.
El estudio destaca que el desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) ha disminuido, pues se reporta que cayeron el 66 por ciento de las ordenes de cateo autorizadas, mientras que disminuyó el 64 por ciento de los objetos asegurados.
Destacó que el año pasado sólo se realizó un operativo en vía pública, mientras que el año antepasado se realizaron 10. Además se redujo 68 por ciento el cateo a inmuebles con la finalidad de luchar contra la piratería.
“Las actuales crisis económica y sanitaria derivadas de la pandemia por COVID-19 potencian los incentivos para participar en la piratería”, apuntó Rivas.
El documento señala que la actividad ilícita ha logrado pasar de la falsificación de películas, música o ropa “de marca”, pues ahora también se puede encontrar piratería en medicinas, equipo médico, productos agrícolas, refacciones de auto, juguetes e incluso, en productos alimenticios.
Rivas sostuvo que la piratería se ha consolidado como una actividad criminal con altas ganancias económicas y bajos riesgos para quienes la llevan a cabo, y lamentó que esta actividad se minimice, ya que se trata de una conducta que se relaciona con diversos delitos e incluso con la delincuencia organizada.
Destacó que ha logrado permear en el sector formal, es decir, ya no solo son actos que se encuentran en la informalidad e incluso se ha diversificado en su producción, transporte, distribución y comercialización.
En el estudio se identificaron 19 mercados notorios en el país, de los cuales el 31.6 por ciento se concentran en la Ciudad de México, como es el caso de Tepito, la Central de Abastos, la Plaza de la Tecnología, Plaza Meave, Centrocel Teresa y Bazar Pericoapa.
En Jalisco se concentra el 21 por ciento de los lugares donde se comercializan productos falsificados o de contrabando, pues en Guadalajara se encuentra el Mercado San Juan de Dios, El Santuario, la Central de Abasto y la Plaza de la Tecnología.
