A cinco años de la realización de una serie de operativos de seguridad llevados a cabo de forma conjunta por varias dependencias en Coatzacoalcos, Veracruz, aún se desconoce el paradero de más de 30 personas que en su momento fueron detenidas en ese contexto, por lo que las familias de las víctimas y las organizaciones civiles que las acompañan exigieron la confirmación de un grupo de trabajo interinstitucional para buscar a los ausentes.
En conferencia de prensa virtual, Rafael Heredia, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y coordinador del informe “Análisis de contexto de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, recordó que dicha estrategia fue anunciada en 2014 por el entonces gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa.
En ella, intervinieron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (en particular la llamada Fuerza Civil), cuyos elementos son señalados por organizaciones de familiares como los responsables de al menos 35 desapariciones forzadas, ocurridas en los meses de mayo y septiembre de 2015.
El investigador señaló que hay diversos testimonios y materiales en video y foto que comprueban que las personas desaparecidas fueron vistas por última vez al ser detenidas en retenes móviles y fijos de los uniformados, algunos de los cuales estaban relacionados con grupos de la delincuencia organizada que se disputaban el control de ese territorio.
Heredia señaló que aunque hubo algunos uniformados detenidos por este caso, debería realizarse un análisis de contexto para identificar a los altos mandos que pudieron tener injerencia en las desapariciones o conocimiento de las mismas, incluido el entonces gobernador Javier Duarte, y no descartó que pueda haber más casos que hasta ahora no se han documentado.
Edgar Cortez, coordinador de proyectos del IMDHD, resaltó que una de las exigencias de las familias de las víctimas es que se cree un grupo de trabajo interinstitucional conformado por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Veracruz, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Búsqueda del estado de Veracruz.
El propósito de dicha coordinación sería no solo ubicar el paradero de las 35 personas desaparecidas, sino también identificar y sancionar a quienes diseñaron e implementaron el Operativo Blindaje Coatzacoalcos sin tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de abusos.
Por su parte, Lenit Enríquez y Belén González, familiares de algunas de las personas desaparecidas, señalaron que han sido víctimas de criminalización y hostigamiento por parte de las autoridades estatales, pero recalcaron que continuarán en la búsqueda de sus seres queridos para saber la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.
