La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las primeras acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del pin parental, que son leyes estatales que permiten a los padres de familia prohibir a sus hijos asistir a la escuela cuando se programen clases sobre educación sexual o temas científicos que vayan en contra de sus creencias religiosas.
Se trata de las acciones 129/2020, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA); y la 170/2020, de diputados locales de minoría.
En ambas, se impugnan las reformas a la Ley de Educación estatal, en cuyo artículo 4º se incluyó un quinto párrafo que establece: “la Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
En su demanda, la CDHA señala que, desde la aprobación de esta reforma en mayo pasado, recibió diversas expresiones de grupos locales a favor y en contra, por lo cual decidió hacer uso de sus facultades legales para solicitar a la SCJN que analice el tema y defina si el pin parental es contrario a la constitución.
La acción promovida por once diputados locales de Aguascalientes, advierte que el pin parental es contrario al derecho a la educación, consagrado en la Constitución federal, pues limita su acceso a información sobre sus propios cuerpos y a entender la concepción del universo basada en la investigación científica.
La idea del pin parental fue creada por el partido de ultraderecha español Vox, copiando la definición de la clave que los padres de familia pueden poner en computadoras, televisores y dispositivos electrónicos, para que sus hijos no puedan acceder a determinados contenidos.
En México, la idea fue copiada por legisladores de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, que la han propuesto en 18 congresos estatales. Aguascalientes fue en donde primero se hizo ley, y también donde primero se impugnó ante la SCJN, donde ahora se decidirá si este mecanismo de control parental viola los derechos de los menores de edad.
