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Tres días de ataques a tzotziles de Aldama

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Niños desplazados de Aldama Chiapas, en imagen de archivo. Foto Carlos Ogaz, cortesía Frayba
18 de agosto de 2020 08:29

Este fin de semana se iniciaron graves ataques armados contra pobladores de diversas comunidades del municipio tzotzil de Aldama, en los Altos de Chiapas. Las agresiones proceden de Santa Martha y otros poblados del municipio, también tzotzil, de Chenalhó, con el cual existe una disputa territorial por 60 hectáreas en su colindancia común. Según reportes recibidos por La Jornada, hasta las 17 horas de ayer seguían los disparos. En el transcurso de una llamada telefónica desde Aldama, cerca de la medianoche del domingo, este reportero pudo escuchar las detonaciones y recibió breves videos con los fogonazos y disparos en la total oscuridad. Antes de las seis de la mañana de ayer recibió nuevos videos con grandes detonaciones y disparos hacia el celular que filmaba, en un punto donde se encuentran familias desplazadas de Aldama.

La Jornada recibe constantes reportes de la comisión de 115 comuneros desplazados de Aldama, detallando los puntos y las horas de los disparos, procedentes de diversos puntos de Santa Martha, e incluso desde las hectáreas en disputa, a donde según los acuerdos no debe ingresar ninguna de las partes. En Tabac, una de las comunidades agredidas, existe un destacamento de la policía estatal que no ha intervenido. Al cierre de esta edición los ataques sumaban más de 30 en tres días.

Aunque nunca se ha probado que los desplazados tzotziles (quienes se encuentran en estado de grave pobreza, hambre, terror y desplazamiento forzado) estén armados, funcionarios federales y estatales manejan la versión de que ambos grupos estarían disparando. Según la comisión de los indígenas, los paramilitares de Santa Martha disparan hacia su propia comunidad, para hacer creer que son atacados. No es una práctica nueva, lo mismo ocurría en 1997, en las semanas y meses anteriores a la masacre de Acteal.

Existen acuerdos entre Aldama y Chenalhó, presuntamente logrados por la Secretaría de Gobernación, pero en los hechos la hostilidad y el peligro son mayores que nunca. La inacción institucional ante la violencia reciente, en particular la iniciada este viernes, presuntamente obedece a la intención de no agravar la situación.

No se trata de una disputa más entre comunidades campesinas. Los atacantes poseen armas de alto calibre y explosivos, y son herederos directos de los paramilitares que en 1997 perpetraron la masacre de Acteal; muchos pagaron con cárcel, pero nunca fueron desarmados, y a lo largo de todos estos años han agredido en diversas ocasiones a miembros de Las Abejas de Acteal, bases de apoyo zapatistas y otros grupos políticos o religiosos de Aldama, Chalchihuitán y el propio Chenalhó. Se sabe que a aquellas armas se han añadido nuevas y poderosas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) envió al gobierno mexicano una acción urgente donde recapitula la misma bitácora recibida por La Jornada. Los ataques comenzaron la noche del 14 de agosto. El sábado 15 los pobladores reportaron que el grupo armado había cruzado los límites de Aldama, estando en peligro las comunidades de San Pedro Cotzilnam y Yeton; comunicaban que podían observar tres grupos armados en diferentes posiciones. También hubo disparos contra Yeton, y fuertes detonaciones. Las familias atacadas debieron desplazarse a otra comunidad.

El domingo 16, el grupo armado continuó atacando Yeton, Ch’ivit y Stzelejpotobtik (Aldama). Los puntos de ataque se ubican en el Puente, K’ante’, Templo, Panteón, Xchuch te’, Vale’tik, Santa Martha, Chino y El Ladrillo, dentro de las 60 hectáreas en disputa. Los ataques continuaron contra San Pedro Cotzilnam (Aldama) desde T’ul Vits y Santa Martha. Las acciones armadas siguen un patrón, apunta el Frayba.

Lo mismo contra Coco’ (Aldama), desde Tok’oy Saclum. Stzelejpotobtik se encuentra bajo el fuego de armas de alto calibre. A pesar de las solicitudes de intervención dice el Frayba, la repuesta es la indiferencia cargada de racismo y discriminación de los gobiernos federal y estatal.

 

 

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