Ciudad de México. Al urgir a los legisladores a aprobar la reforma al Poder Judicial “para recuperar el tiempo perdido”, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que es fundamental descargar de asuntos al máximo tribunal.

“La Corte debe dejar de ser una máquina de tramitación de recursos dilatorios o un guardián de la legalidad de las leyes estatales que absorben un porcentaje demasiado alto de sus recursos institucionales y de sus energías sin beneficio tangible para la sociedad”, advirtió. 

Durante el primer encuentro nacional digital “Desafíos de la justicia mexicana”, organizado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, destacó que la reforma permitirá a la SCJN consolidarse como tribunal constitucional y fortalecer el federalismo.  

En el rubro del combate al nepotismo y la corrupción, precisó, la iniciativa contempla la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, "que eleva a rango de ley las políticas públicas que hemos implementado para combatir este fenómeno, y que reforma el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan faltas, incluyendo medidas cautelares más eficaces".

Se plantea también la creación de plenos regionales como órganos permanentes encargados de unificar criterios de tribunales estatales. Igualmente, crear una verdadera carrera profesional en la cual el acceso a todos los cargos sea por concurso. 

El objetivo es hacer llegar al pueblo la justicia con enfoque humanitario, subrayó el ministro Zaldívar. 

“Requerimos una Corte que resuelva menos asuntos, sólo aquellos que revistan importancia para el orden jurídico nacional y que permitan establecer pautas de interpretación constitucional sólidas y bien fundamentadas que oriente a todos los jueces del país y a todas las autoridades de todos los poderes y órdenes del gobierno”. 

Debemos dar a las sentencias de la Corte, añadió, un peso moral y jurídico que permita avanzar hacia una cultura de la constitucionalidad, característica de un pleno estado de derecho. 

Para ello, proponemos que las razones que justifiquen las decisiones de la SCJN constituyan jurisprudencia obligatoria para todos los órganos de jurisprudencia del país, para que todas las resoluciones de la Corte sean relevantes. 

Se plantea modificar las reglas de procedencia de la jurisprudencia constitucional y del amparo directo en revisión para que la SCJN resuelva menos asuntos y se enfoque sólo en resolver sólo violaciones directas a la Constitución y aquellos que revistan un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos.