Ante integrantes de los tres Poderes de la Unión, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, destacó la necesidad de combatir la corrupción política, en un país que tiene frente a sí seis  vulnerabilidades y tres amenazas entre las que se encuentran 19 organizaciones delictivas de alto impacto. 

“Por supuesto hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos; hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que generan impunidad a este tipo de personajes”, advirtió. 

En el primer encuentro nacional digital “Desafíos de la justicia mexicana” , organizado por el Senado de la República, subrayó la necesidad de atender estos ilícitos desde una manera integral, tanto a nivel operativo pero sobre todo a la base social de los criminales y, por supuesto, atacar sus estructuras financieras, incluidas las operaciones en dólares que también significan esta vulnerabilidad. 

Lo más relevante para la UIF, indicó, es poder establecer mecanismos para poder combatir los movimientos en puntos de operaciones internacionales, particularmente la corrupción en puertos y aduanas, como lo ha sido planteado ya por el Presidente López Obrador. 

En este contexto destacó la necesidad de avanzar en reformas a la ley de prevención de lavado de dinero (ley federal de prevención e identificación de operaciones de procedencia ilícita) para poder incluir beneficiario final en el delito en contra de los testaferros; localizar a las personas jurídicamente expuestas y cumpliendo las recomendaciones en materia de activos virtuales y la de sujetos obligados por actividades vulnerables. 

Lo anterior incluye la necesidad de que el financiamiento al terrorismo se encuentre localizado en un objetivo de la ley de prevención y, por supuesto, la construcción de unidades estatales para efecto de poder tener mayor información y presentar casos más sustentados. 

Adicionalmente, indicó, está pendiente la reforma a la ley de instituciones de crédito para efecto de poder utilizar los recursos que son congelados por la UIF y que nadie reclama. Actualmente están congelados, precisó, 2 mil millones de pesos en los bancos que sería importante que pasen a la tesorería de la federación o al Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. 

En suma, evoco la frase de las doce tablas romanas: “sea la ley suprema la salvación del pueblo”; ahí se encuentra, añadió, las leyes, las instituciones pero también la voluntad política para poder mejorar el sistema de procuración y de impartición de justicia.

El funcionario dijo que el presidente de la República ha sido claro en una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia en general. Sin embargo es importante que se mantenga la tendencia que se ha logrado revertir en 2019. 

Recordó que México ocupa el lugar 130 de 180 países analizados; en 2018 estábamos en el lugar 138, “mucho más cercanos de Somalia, el país más corrupto del mundo y muy alejados de Finlandia, Dinamarca y de Nueva Zelanda, considerados los países más honestos de la tierra”. 

También mencionó la importancia de la colaboración del Ejecutivo con la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral para evitar que haya mayor corrupción vinculada con el ámbito electoral. 

El objetivo es fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad, lo cual significa que quienes incurren en una legalidad sean llevados ante la justicia.

En cuanto a las organizaciones explicó que entre los 19 grupos hay 11 nacionales y el resto fragmentadas que participan en una amplia gama de delitos como tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, así como lavado de dinero, entre otros. 

Nieto subrayó que la operación de los grupos referidos genera un importante flujo de dinero de procedencia ilícita, por lo cual se requiere un conjunto de reformas para atacar este tema.

Respecto a las vulnerabilidades del país destacó el crecimiento de la economía informal; en 2017, 57 por ciento de la población en México tuvo como sustento alguna actividad relacionada a esta práctica , equivalente al 22.7 por ciento del PIB del país.

Para 2018, las cifras se movieron a 56.7 por ciento de la población y 22.5 por ciento del PIB, respectivamente. 

Asimismo, hay que atender el uso de efectivo en moneda nacional vinculado con casos de corrupción y delincuencia organizada.