Ciudad de México. Ante la resolución judicial que otorgó el viernes pasado un juez al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace será posible que avancen los proyectos de energía renovable que ya habían sido autorizados, señalaron las organizaciones.
El viernes pasado Rodrigo de la Peza, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó la suspensión definitiva en el amparo interpuesto al Cemda y a Greenpeace en contra del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), ambos en materia de generación de energía eléctrica.
El pasado 23 de junio a Greenpeace México le fue concedida también la suspensión por parte del juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro.
De esta forma, indicaron en un comunicado las organizaciones quedan sin efecto tanto el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), emitido por el Cenace el pasado 29 de abril, como la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, emitida por la Sener el 15 de mayo de este año, por lo menos durante el tiempo que dure el juicio o hasta que la suspensión se revoque o modifique.
Anaid Velasco, coordinadora de Investigación del Cemda sostuvo que “tanto el Acuerdo del Cenace como la Política de Sener en esta materia, constituyen un retroceso en los pasos que México ha dado para avanzar hacia la promoción de las energías renovables en el país y, con ello, contribuir a tener un medio ambiente sano, pues sabemos que las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles contribuyen al cambio climático y tienen consecuencias negativas sobre la calidad del aire y por lo tanto en la salud de las personas”.
María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, señaló que “esta batalla judicial pretende impulsar la democratización de la energía eléctrica en nuestro país, garantizar el derecho humano a energías renovables asequibles y accesibles para toda la población, que ayude a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, a través de proyectos comunitarios de generación distribuida; a la par de dar cumplimiento puntual a los compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático”.
