Ciudad de México. En el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, funcionarios y empresarios urdieron un plan transexenal para privilegiar a una compañía privada en detrimento de la industria petroquímica nacional, lo cual ocasionó pérdidas acumuladas a Petróleos Mexicanos (Pemex), sólo entre 2016 y 2018, últimos tres años de Enrique Peña Nieto, por alrededor de 6 mil 500 millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El proyecto Etileno XXI, consorcio conformado por Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa, se benefició de un contrato a largo plazo para obtener de la petrolera mexicana el suministro de gas etano a precios con descuento hasta de 30 por ciento respecto de las cotizaciones del mercado internacional. Ello, además, sin pagar los costos de importación, transporte y separación de dicho hidrocarburo.

El contrato de suministro de etano es un negocio redondo para el consorcio privado, que hoy día aún se ve beneficiado de los subsidios directos que recibe de lo que antes era Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), al importar gas natural a precios de mercado para suministrar ese hidrocarburo barato a Brasken e Idesa.

Etileno XXI, que comenzó operaciones en enero de 2016, es un clúster industrial que construyeron Brasken e Idesa en Nanchital, Veracruz, y la justificación de la obra era que se iba a relanzar la industria petroquímica nacional, objetivo desde la administración de Vicente Fox con el proyecto El Fénix.

El etano es la materia prima para la producción de etileno, el cual, a su vez, ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y es convertido en gran cantidad de productos finales e intermedios, como plásticos, resinas, fibras y elastómeros (todos ellos polímeros), así como solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.

El 19 de febrero de 2010, durante la gestión del presidente Felipe Calderón, se celebró el contrato de suministro por medio del cual PGPB, ahora Pemex Transformación Industrial (Ptri), se obligaba a vender 2 millones 980 mil 220 metros cúbicos de etano por día, equivalentes a 66 mil barriles diarios, durante al menos 20 años, con un precio de descuento hasta de 30 por ciento respecto de las cotizaciones internacionales. Además, con la posibilidad de renovarlo por tres periodos adicionales de cinco años cada uno.

Desde su preparación, hasta mucho después de la firma del contrato, se reservó la información sobre las condiciones en que operaría ese acuerdo a solicitud de consorcio, que a todas luces fue desventajoso para Pemex.

En octubre de 2010, Robert Bischoff, director general de la alianza Braskem-Idesa en el proyecto Etileno XXI, afirmó que el precio del etanol era confidencial, por cuestiones de competencia, sobre todo con las empresas estadunidenses.

El directivo brasileño adujo: Hay que entender que la materia prima, el etano, es el insumo principal de la producción del polietileno, que compite en un mercado abierto, en el cual la mayoría viene de Estados Unidos.

Los principales competidores son grandes empresas estadunidenses, como Exxon Mobil. Ellos no divulgan ni hacen públicos sus costos, justificó.  

Negocio ganar, ganar

La estrategia de favorecer a una compañía privada fue acompañada de sendos decretos por medio de los cuales el gobierno federal aumentó el impuesto a la importación de polietileno como medida para eliminar la competencia, por lo que Brasken e Idesa afianzaron su posición preponderante.

Las condiciones totalmente adversas para Pemex llegaron a punto tal que se incluyeron penalizaciones en caso de que no cumpliera con el suministro confiable de etano al complejo Etileno XXI, pese a que la petrolera no produce el suficiente energético para cubrir la demanda local.

El consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri, en la sesión del consejo de administración del 29 de abril de 2011, advirtió sobre la inviabilidad de ese acuerdo para Pemex, pues, dijo, no se tiene el gas suficiente y es importador neto de ese energético.

La ASF, de la Cámara de Diputados, documentó que en sólo nueve meses y 12 días (entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2016) Etileno XXI generó una pérdida de mil 935 millones de pesos.

Más adelante, en 2017, se reportaron pérdidas para Pemex por mil 707.3 millones de pesos, mientras entre 2016 y 2018 se le aplicaron penalizaciones por incumplir el suministro de etano por 2 mil 769 millones, es decir, un total, ahora para Ptri, de 6 mil 411.3 millones.

El consorcio Brasken-Idesa fue constituido en 2010 como sociedad de riesgo compartido por la brasileña, la mayor productora de resinas termoplásticas del continente, y Grupo Idesa, empresa líder en el sector petroquímico del país.

La obra significó una inversión superior a 3 mil millones de dólares, de los cuales 30 por ciento fue capital propio y el 70 restante vía deuda. Entre las instituciones que aportaron se encuentran el Banco Mundial-IFC; el Banco Interamericano de Desarrollo, Nafin y el Bancomext, de México, así como BNDES, de Brasil; SACE, de Italia; EDC, de Canadá; Bank of Tokyo-Mitsubishi; HSBC; el Banco de Desarrollo de Corea, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 

Los actores

En el contexto del establecimiento de dicho acuerdo, varios servidores públicos de los sexenios de Felipe Calderón y del priísta Enrique Peña Nieto fueron protagonistas.

Brasken es una subsidiaria de Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios y financiar campañas políticas a cambio de contratos en diversos países de América Latina.

Por su parte, Idesa es una compañía propiedad de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en 2010.

En 2016, hasta finales de noviembre de 2017, fue director general de Pemex José Antonio González Anaya, vinculado con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, en el bienio 2017-2018, fue director general de la petrolera Carlos Alberto Treviño Medina.

Emilio Lozoya Austin fue consejero de OHL, constructora española, ahora Aleatica, entre 2010 y 2012. Además, director general de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.

Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña y titular de la SHCP de diciembre de 2012 a septiembre de 2016.

Jordy Herrera Flores, secretario particular del titular de Energía, entonces encabezada por Felipe Calderón (2003-2004), y director general de PGPB en la fecha en que se celebró el contrato. Además, secretario de Energía de septiembre de 2011 a noviembre de 2012.

Felipe Calderón, presidente de México en la fecha en que se celebró el contrato de suministro. Firmó el decreto que incrementó el impuesto a la importación de polietileno para presuntamente favorecer en el mercado a Bresken-Idesa. Anteriormente, de 2003 a 2004, secretario de Energía.

Enrique Peña, mandatario de México (2012-2018), en diciembre de 2012, dos días después de que tomó posesión del cargo, ratificó el contrato de suministro a Etileno XXI.

Esos hechos son parte de la ratificación –ante la Fiscalía General de la República–, realizada el pasado 10 de agosto de 2020, de una denuncia inicialmente efectuada en junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República por los abogados Paulo Genaro Diez Gargari y Alfredo Figueroa Fernández por acciones probablemente constitutivas de delito.

La denuncia, presentada ante la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, describe un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción, en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de la hacienda pública de Pemex y de la economía nacional.

Una auténtica asociación para delinquir, una conspiración de Estado para beneficiar a un particular, aseguran los denunciantes.