Guadalajara, Jal. Un juez negó la vinculación a proceso de tres mandos de la Fiscalía de Jalisco, presuntamente integrantes del grupo de policías ministeriales y estatales que el 5 de junio detuvo ilegalmente, golpeó y luego soltó en la periferia de la ciudad a decenas de jóvenes que pretendían manifestarse por el homicidio del albañil Giovanni López. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) calificó la acción policiaca de “desaparición forzada”.

En el llamado halconazo del 5 de junio, en el contexto de las protestas por el homicidio de Giovanni López después de ser detenido por agentes del municipio de Ixtlahuacán, por presuntamente no portar cubrebocas, policías ministeriales –armados con palos y tubos– que viajaban en camionetas sin rotular, detuvieron a decenas de jóvenes que ese día acudieron a manifestarse.

Además de detenerlos arbitrariamente los encerraron en instalaciones de la fiscalía estatal por varias horas; golpearon a varios, amenazaron a todos con “desaparecerlos” y posteriormente, otra vez en vehículos sin rotular, los trasladaron a la periferia de la capital del estado donde los dejaron libres.

Aunque la fiscalía ha evitado difundir los videos de las cámaras de vigilancia al interior de la dependencia, donde estuvieron encerrados los jóvenes, a pesar de que existen decenas de testimonios de víctimas y de que la CEDH emitió un informe especial en el que calificó los actos de “desaparición forzada”, el pasado viernes, en una larga audiencia, no fueron presentados los elementos necesarios para que un juez determinara la vinculación a proceso de tres de los señalados.

El caso también está bajo investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, organismo que no han dicho nada al respecto.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción del estado, designada para llevar las pesquisas, no logró que fueran vinculados a proceso los agentes Arnoldo N, quien se desempeña como subdirector de la Policía Investigadora; Francisco Javier N, actual J3; y Adrián N, comandante de Órdenes de Aprehensión.

Permanecen en prisión dos mandos de la fiscalía estatal

La posibilidad de la vinculación a proceso fue desechada tras una audiencia de casi 12 horas, si bien hay dos mandos de la fiscalía estatal que permanecen en prisión preventiva, tras ser detenidos dos días después de la desaparición de manifestantes, cuando el gobernador Enrique Alfaro reconoció la infiltración del crimen organizado en la dependencia.

El segundo caso es la privación ilegal de la libertad que padeció el comerciante Carlos Javier Flores, de 47 años, en Tonalá, quien el 8 de agosto fue secuestrado por cuatro hombres armados vestidos de negro, encapuchados y armados con rifles, que llegaron en una supuesta patrulla de la policía estatal sin rotular, con placas semicubiertas en las que se apreciaban las letras JR (usadas por los vehículos policiales).

“Ya se cumplió una semana y sólo hay impunidad, presentamos ante la fiscalía de Jalisco los videos, los testimonios de lo ocurrido y hasta ahora sólo han dicho que no fueron policías, se protegen entre ellos. No queremos ir contra nadie, ni estamos a favor de ningún partido, sólo queremos que nos regresen a Carlos”, expuso una familiar de Flores.

Impunidad de agentes en desapariciones forzadas

La inefectividad para dar con el paradero del comerciante y los deslindes que han hecho el fiscal Gerardo Octavio Solís, y el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Bosco Pacheco, topan con evidencias más allá de los videos, pues también tienen la denuncia que tras el “levantón” llegó la patrulla rotulada JR-90-847 de la Policía del estado, de la cual tres uniformados bajaron para amenazar a los familiares y exigirles que entregaran los videos y “no se metieran en problemas”.

Incluso la policía de Tonalá, que también acudió al llamado tras el secuestro, abrió un acta de investigación en la cual se da cuenta de la presencia de la patrulla oficial; pero a la fecha los familiares, quienes dicen temer por sus vidas, sólo han recibido de la fiscalía estatal la respuesta de: ”seguimos investigando”.

Dos casos en los que habría policías ministeriales y estatales vinculados a desapariciones forzadas y siguen impunes; en uno, un juez negó la vinculación a proceso de tres mandos; en el otro, pese a la denuncia y pruebas presentadas por los familiares de víctimas del “levantón” videograbado de un comerciante, ni la fiscalía ni la policía del estado han ofrecido resultados.