Los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno acelere la detención de personajes involucrados en la agresión  cometida contra sus hijos (incluida la de personal militar ) y prosiga las búsquedas de campo para dar con el paradero de los estudiantes. 

En la reunión celebrada este miércoles con el mandatario, también le pidieron que “depure” las instituciones de procuración de justicia del personal que en su momento participó en la manipulación de la indagatoria, y enfatizaron que no desean una nueva “verdad histórica” que busque cerrar el caso. 

En un documento leído ante el Presidente, los familiares de los normalistas señalaron que “la reciente identificación genética de uno de los normalistas es una noticia que, aun cuando significa un avance en la investigación, nos llena de dolor. También confirma que la anterior administración nos quiso mentir y engañar”. 

No obstante, recalcaron que, “lejos de considerarse el cierre del caso, este hallazgo es en realidad el inicio del esclarecimiento cabal y verdadero del mismo”. 

En ese sentido, insistieron: “no queremos otra ‘verdad histórica’. No queremos que por querer cerrar el caso, se vuelva a forzar la evidencia para contarnos una historia concluyente”. 

Entre las acciones prioritarias que exigieron, está el realizar nuevas detenciones. “Con todo respeto, manifestamos que ya se necesita consumar detenciones e iniciar los correspondientes procesos penales, pues que se nos diga que se presentarán acusaciones o que ya se han presentado, pero sin resultados, es preocupante. Priorizar las acusaciones y detenciones de los más relevantes y estratégicos, es un paso que ya no puede posponerse”.  

Los padres de los normalistas y sus abogados pidieron detener y someter a proceso a elementos de las policías municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco, así como de la Policía Ministerial del estado de Guerrero y Policía Federal. 

De igual manera, enfatizaron que debe detenerse y sancionarse al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y a otro funcionario que se ha evadido de la justicia por recibir protección en el estado de Michoacán. 

De la misma forma, pidieron detener y procesar a los elementos del 27 Batallón de Infantería “que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones, que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos”. 

También llamaron a detener a personas que ya han recuperado su libertad o que están próximos a ser liberados, aun cuando tienen cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y a actores prófugos desde 2014. 

En el mismo tono, llamaron a seguir con las búsquedas en campo de sus familiares y reunir toda evidencia forense que pudiera haberse recogido en la llamada Barranca La Carnicería, para que sea analizada en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck” o los que recomiende el Equipo Argentino de Antropología Forense, pues las áreas de servicios periciales de la FGR no han sido depuradas de quienes con acciones u omisiones apoyaron la verdad histórica. 

De la misma forma, pidieron interrogar y ofrecer incentivos a detenidos de Guerrerso Unidos en Chicago, y presentar acusaciones en contra de diversos personajes por cohecho y delincuencia organizada, con base en las intervenciones telefónicas que se hicieron públicas en donde se revela que un juez aceptó sobornos. 

Por otra parte, los familiares de los jóvenes lamentaron que “hasta ahora no hemos sentido que el convenio firmado con el Poder Judicial de la Federación para la atención de nuestro caso se haya traducido en mejorar nuestras condiciones de acceso a la justicia.  

“Por eso volvemos a insistir en que se designe a un único órgano jurisdiccional, que pueda conocer todas las nuevas acusaciones presentadas por la FGR, analizando si dada la complejidad del caso, se requiere un órgano jurisdiccional que concentre todos los procesos iniciados conforme al antiguo sistema mixto y otro los iniciados conforme al nuevo sistema oral”. 

Los familaires de los 43 recalcaron: “no queremos otra ‘verdad histórica’: si alguien que participó en los hechos brinda información, la misma debe allegarse a la indagatoria, pero también debe verificarse y contrastarse con otras pruebas para no dar toda la credibilidad a versiones que pueden darse por intereses que no tienen que ver con la verdad”. 

Asimismo, indicaron que “el pacto de impunidad y silencio que rodea nuestro caso no se ha roto; apenas se ha empezado a resquebrajar. Dicho pacto será revertido cuando sepamos el paradero real de todos nuestros hijos y cuando los verdaderos delincuentes –esos que ordenaron y realizaron la desaparición; esos que ordenaron y realizaron la manipulación de la investigación—sean llevados a prisión y sancionados. 

“No nos deje. Nuestra confianza está en Usted y en su compromiso con nosotros. Necesitamos que Usted siga impulsando el acceso a la justicia y la verdad en nuestro caso, como lo ha hecho, promoviendo que todas las estructuras del estado se comprometan a lo mismo hasta que sobre la mentira y la impunidad prevalezcan la verdad y la justicia”. 

En ese sentido, lo llamaron a reunirse nuevamente en el marco del sexto aniversario del ataque contra los normalistas, que se cumple el próximo 26 de septiembre, “para analizar los avances y pendientes de nuestro proceso con base en el presente documento”. 

Poco después de las 13:45 horas, los familiares de los normalistas salieron de Palacio Nacional y abordaron el autobús en el que se transportan, sin ofrecer declaración.