Mazatlán, Sin. Trabajadores del mar boquean los accesos de las instalaciones de la Planta distribuidora de Pemex “la Esperanza” y así persistirán hasta que el titular de Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) Raúl Elenes Angulo, los reciba y le exijan que funja como gestor de los subsidios al precio del diesel marino, el cual impactará la salida de las embarcaciones en septiembre, mes en el que se levantada la veda de la zafra camaronera.

Los trabajadores de embarcaciones camaroneras, junto con mujeres que laboran en las maquinas de camarón, iniciaron desde el pasado lunes, protestas, primero con el cierre de las entradas del parque industrial “Alfredo Bonfil”, y desde hace dos días, las de la planta de Petróleos Mexicanos.

El superintendente de la planta Raúl Higareda Herrera, dialogó con los manifestantes para saber al respecto y éstos le dijeron que la acción es en apoyo de los propietarios de barcos para que obtengan precios mas bajos al combustible, pues saben que aquellos no saldrán al mar por lo costoso que les resulta hacerlo, lo que pone en riesgo sus empleos.

El funcionario petrolero reconoció que el plantón afectará la distribución del producto, así como el basto de gasolina y diesel en la región, por lo que se comprometió a interceder con las autoridades del ramo para lograr un dialogo con los inconformes.

En tanto, en ausencia del titular de Conapesca, Raúl Elenes, funcionarios de esa dependencia, como Bernadino Muñoz Reséndez, Director de Planeación, Programación y Evaluación y Jorge Simental Crespo, Secretario Técnico, recibieron una comisión de cinco pescadores, a quienes aclararon que el gobierno federal no ha abandonado al sector pesquero y que los programas que anteriormente se aplicaban con el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han replanteado con nuevas formas para distribuir los recursos.

Muñoz Reséndez, explicó que la Conapesca busca reorientar los mil 300 millones de pesos que en 2019 se repartieron del programa de energéticos en diesel marino, a todas las flotas del país, incluidos la de altamar y para granjas acuícolas y que se ha retrasado debido a los problemas de la pandemia.