Asimismo, en la lista de funcionarios sancionados por la dependencia se encuentran los ex jefes delegacionales interinos de Tlalpan y Tláhuac Héctor Hernández Rodríguez (inhabilitado por un año) e Isaac López Alejo, respectivamente.

Las fuentes consultadas señalaron que en los casos de Amador Zamora y Slomianski Aguilar, fueron inhabilitados para ocupar cualquier cargo en la administración pública, el segundo por cinco años.

Según la información oficial de la secretaría, los principales motivos de las sanciones a los mil 680 servidores públicos, tienen que ver con conductas como uso indebido de atribuciones y recursos, conflicto de intereses, cohecho y tráfico de influencias.

En el caso de Amador Zamora, la indagatoria es por irregularidades en el fideicomiso 7579-2 que se utilizó para la reconstrucción por el sismo del 19 septiembre de 2017, el cual se formó con recursos públicos, privados e internacionales que fueron donados tras el terremoto.

Respecto de Slomianski Aguilar, señalaron las fuentes, la investigación tiene que ver con la realización de obras de repavimentación e infraestructura educativa que fueron mal ejecutadas o con retrasos en su entrega.

Del total de sancionados, mil 613 se desempeñaron como funcionarios públicos en el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, mientras los otros 67 laboraron en alcaldías y dependencias de la actual administración, precisó la Secretaría de la Contraloría.

Entre las sanciones aplicadas a servidores públicos de la pasada administración, 197 son inahabilitaciones de uno a 20 años, así como a tres del actual gobierno.

Asimismo, destacó que como resultado de las denuncias realizadas por esta secretaría, se han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 ex servidores públicos, de los cuales cinco ya fueron detenidos, como es el caso de Miguel Angel Vásquez Reyes, ex jefe de gabinete de Mancera Espinosa.

Otros cinco cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, que es el caso del ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Jesús Gutiérrez Gutiérrez y el ex comisionado para la Reconstrucción Édgar Tungüi Rodríguez.

Asimismo, la dependencia informó que investiga a 15 empresas que participaron en la reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de 2017, en la que además se presentaron denuncias penales que han derivado en órdenes de aprehensión en contra de representantes o miembros de esas constructoras.