Ciudad de México. Más de 80 organizaciones de derechos humanos rechazaron el uso del glifosatoen México, ya que impactaría en el acceso a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Censuraron “la intención de algunos sectores del gobierno federal que pretenden imponer intereses industriales a costa de potenciales daños a la población y al medio ambiente”.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 ong con presencia en 23 estados), demandaron detener las actuaciones tendientes a abrir el uso del glifosato en el territorio nacional.

Alertaron que el 4 de agosto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó el anteproyecto de decreto presidencial para programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que permitan determinar la seguridad del glifosato.

Frente a ello, las organizaciones, entre ellas los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, respaldaron la preocupación expresada por Victor Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para actuar con responsabilidad desde las diferentes instancias del gobierno federal, anteponiendo siempre el principio precautorio y las opciones agroecológicas por sobre las dinámicas de agroproducción tóxica y llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que coloque en el centro de todas sus políticas de transformación el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Exigieron que dentro de sus respectivas competencias, la Presidencia de la República, la Semarnat, la Sader, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos trabajen para consolidar “de manera urgente una transición agroecológica y una política de fortalecimiento de la soberanía alimentaria en nuestro país, en total apego al ejercicio de los derechos humanos y en apego a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”.

Y que en el ámbito de sus atribuciones, cada una de las dependencias señaladas hagan lo necesario para el cumplimiento pleno de la Recomendación 82/2018 de la CNDH, referente a la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, y por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general.