Ciudad de México. La revisión administrativa de la compra del programa de espionaje conocido como Rafael, que generó una deuda de más de mil 200 millones de pesos para esta administración federal, fue la base para descubrir, independientemente de esa contratación con sobreprecio, desvíos de recursos en la extinta Policía Federal que ascenderían a más de 2 mil millones de pesos, y de los cuales los ex secretarios generales de la corporación, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, se habrían otorgado cheques nominativos a su favor por sumas millonarias.
Las órdenes de aprehensión ya se libraron, y de acuerdo con las autoridades entrevistadas los más altos funcionarios a los que involucran estos desvíos son Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez como titulares de la secretaría general de la Policía Federal, donde tenían entre sus facultades la administración de bienes, autorizar y organizar licitaciones, adjudicar contratos de bienes y servicios, el manejo de recursos financieros y recursos humanos.
Funcionarios del Gabinete de Seguridad y fuentes judiciales que conocen del expediente puesto a consideración de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), detectó la elaboración y cobro de cheques nominativos por cantidades de entre 15 y 30 millones de pesos a nombre de los ex secretarios generales de la Policía Federal.
De acuerdo con los funcionarios consultados, a la llegada de esta nueva administración y la puesta en marcha de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Federal pasó a formar parte de esta institución y por ello la empresa que vendió el programa Rafael exigió el cumplimiento del contrato por alrededor de 2 mil 600 millones de pesos, de los cuales la administración federal pasada pagó la mitad y quedaba pendiente 50 por ciento.
Al revisar el precio de mercado del programa israelí, las autoridades descubrieron que por Rafael se pagó cuatro veces su costo, y que el contrato había establecido cláusulas ventajosas para los vendedores, entre ellas pagar anualmente las licencias de uso.
Ante las condiciones heredadas, los funcionarios consultados señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, llegaron al acuerdo de que la SFP auditara no sólo ese contrato sino todos los recursos ejercidos en la Policía Federal de la partida conocida como gastos de seguridad pública y nacional.
Los resultados de la auditoría arrojaron que los ex secretarios generales de la Policía Federal y una red de servidores públicos de la hoy extinta Comisión Nacional de Seguridad se confabularon para desviar recursos, por esa razón se presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía Anticorrupción que aún se encuentra en etapa de integración, y la segunda ante la Seido, instancia que juicializó el expediente en contra de 19 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
