El gobierno estatal, por conducto de la Secretaría del Campo, mantiene en desuso el CABF en las antiguas instalaciones de la Productora Nacional de Semillas (Pronase).

Cuenta con 24 gigantescos silos metálicos y con dos bodegas de grandes dimensiones, enormes patios de maniobras y equipo y maquinaria especializada para limpiar y envasar frijol por kilos para su venta comercial. Además, tiene una extraordinaria conectividad carretera y se ubica a dos kilómetros del aeropuerto internacional Leobardo C. Ruiz. 

Nulo beneficio para productores 

En 2006, cuando la perredista Amalia García Medina gobernaba Zacatecas, consiguió que la administración federal, encabezada entonces por el panista Vicente Fox Quesada, donara las instalaciones de Pronase en Calera para establecer ahí el CABF más grande del estado, en beneficio de los campesinos frijoleros.

En el contrato de donación se estipuló que si el sitio era destinado a otro fin la donación causaría reversión en favor del gobierno federal.

El predio que alberga el CABF, de más de cuatro hectáreas, ubicado a pie de la autopista Zacatecas-Fresnillo, colinda a ambos lados con instalaciones de la fábrica de pisos cerámicos Cesantoni, propiedad de la familia Reimers (de ascendencia alemana), que es la principal interesada en la adquisición de este bien público.

Los hermanos Yaco, Hermann y Bernardo Reimers tienen una estrecha relación con el ex gobernador Miguel Alonso Reyes (2010-1016), quien admitió públicamente en 2015 haber ejercido presión plena, contra la empresa Grupo Simsa para obligarla a dotar de servicio de gas natural a Cesantoni desde un ducto privado contratado por la cervecera Grupo Modelo, ubicada también en Calera.

El 15 de octubre de 2019, el gobernador Alejandro Tello Cristerna envió al Congreso local una solicitud para que se le permitiera la desincorporación de ese predio y su posterior enajenación.

En la iniciativa, el mandatario priísta argumentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que existen inmuebles que a la fecha se encuentran en desuso por parte de la administración estatal y que, dadas sus características, son susceptibles de ser explotados y constituir factores de desarrollo económico. La propiedad pública, insistió, ha caído en desuso y en consecuencia no representa factor económico que impulse a la zona o a la región.

Por ello, con motivo de la no utilización de dicho inmueble y dada su ubicación estratégica, puede representar una oportunidad para la inversión de terceros, de manera que su enajenación por la vía de la compraventa no sólo represente un ingreso al estado, sino que también pueda ser una oportunidad industrial que genere empleos y mayor producción.

Aunque Zacatecas es el primer productor nacional de frijol –actividad a la que se dedican más de 100 mil campesinos–, durante 2020 el CABF ha mantenido cerradas sus puertas y dejó de recibir cosechas de agricultores provenientes de los municipios de Calera, Enrique Estrada, Villa de Cos, Morelos, Pánuco y Vetagrande, quienes tuvieron que buscar otras plantas acopiadoras –algunas privadas– para colocar su grano.

Sin embargo, para la administración estatal lo mejor es vender el predio donde se ubica el CABF, por dos razones: Por un lado se logrará que un bien inmueble que se encuentra ocioso (sic) logre tener una utilidad que no sólo impacte en el beneficio de pocos, sino que generará mayor cantidad de empleos, servicios y dinamismo al lugar; por otra parte, la enajenación generará una inyección de recursos en dinero líquido al estado.

Según el gobierno estatal, este inmueble de ubicación estratégica y 40 mil 300 metros cuadrados tiene un valor comercial de 16 millones 125 mil 916 pesos, según la estimación expedida mediante oficio CRP/0420/2019 por el director de Catastro y Registro Público. Es decir, 400 pesos el metro cuadrado. 

Falta aprobación federal 

El 28 de enero de 2020, el Congreso de Zacatecas autorizó al mandatario priísta la venta del inmueble, pero con la condición de que la Federación retire la cláusula de reversión de la donación original.

El gobierno de Alejandro Tello Cristerna hizo dicha petición a la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, dependencia que a la fecha no ha respondido esa solicitud.

No obstante, el pasado 19 de febrero Tello Cristerna publicó en el Periódico Oficial el decreto número 337, de la Legislatura, que le autoriza a vender el predio del CABF. Fuentes gubernamentales confirmaron a La Jornada que ya hay una negociación directa con la empresa Cesantoni sin haberse emitido convocatoria de licitación pública. Y no han cerrado trato porque los Reimers quieren pagar menos de 15 millones de pesos, reveló la fuente.