Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX),  realizó la detención de una persona que se ostentaba como integrante de esa dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para extorsionar a empresarios.

Durante un operativo realizado por elementos de la Policía de Investigación de la FGJ de la Ciudad de México se realizó la detención en flagrancia de Santiago “N”, al momento de recibir un paquete que en su interior contenía 500 mil pesos en efectivo, producto de la extorsión realizada a una empresa automotriz.

En un comunicado, la UIF informó esta noche que derivado de las investigaciones realizadas tanto por la UIF como por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a través de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto y la Secretaría de Marina (Semar), se logró identificar que Santiago “N” “N” coaccionaba al gerente de una empresa de venta de automóviles, misma que se encontraba incluida en la lista de personas bloqueadas emitida por la UIF.

Las investigaciones permitieron establecer que Santiago “N” “N” se hacía pasar como funcionario de alto nivel de la Unidad de Inteligencia Financiera y afirmaba tener capacidad para realizar el desbloqueo de cuentas a cambio de la entrega de un porcentaje del dinero bloqueado en las mismas.

Al no recibir respuesta favorable de los dueños de la empresa, los amenazó con que en caso de no entregarle un pago de 800 mil pesos, los mantendría en la lista de personas bloqueadas, además de que congelaría las cuentas de otras sucursales y obtendría órdenes de aprehensión en su contra.

La Policía de Investigación de la FGJ de la CDMX montó un operativo que permitió la captura de Santiago “N” “N”, quien en ese momento se encontraba con el dinero en su poder, además del teléfono móvil desde el cual se habían realizado las llamadas de extorsión.

Al resolver la situación jurídica la Fiscalía determinó llevar al investigado ante un Juez de Control, quien calificó de legal la detención y fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, hasta en tanto se defina su situación jurídica.