Ciudad de México. En demanda de “restablecer la democracia hacia el interior de la Cooperativa La Cruz Azul”, cientos de empleados de la empresa cementera, así como jubilados y ex futbolistas, se manifestaron esta mañana a las afueras de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su conferencia cotidiana, y enseguida se trasladaron hacia la sede de la Secretaría de Gobernación.
El grupo, afín a la gestión de Guillermo Álvarez, sobre quien pesa una orden de aprehensión, exhibió mantas y pancartas de apoyo a la empresa. “Hubo cooperativistas y colaboradores procedentes de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes y la Ciudad de México solicitando que impere la legalidad”, precisó Jorge Hernández, vocero de la cooperativa.
Comentó que Billy Álvarez, como “cualquier persona que se vea en estas condiciones debe tener algún cuidado médico especial. Él siempre ha estado bajo observación médica y se atiende de manera permanente y en estas condiciones lo desconocemos”.
Respecto al secretario de Álvarez, Guillermo Patiño, aclaró que el jueves pasado “estaba dentro de las oficinas. Hay más especulación que otra cosa, ¡vaya! que tenía documentos que se iban a triturar ¡pues todas las empresas tienen documentos que se trituran!, pero se comentó como si fuera algo fuera de la legalidad y en lo absoluto es así”.
Dijo no saber si el dinero (se habla de uno 500 mil pesos) fue incautado, “pero forma parte de la institución para gastos diversos. Estamos hablando de una de las compañías más importantes de México, en ese momento ¿a quién se le puede pedir referencia sobre la procedencia de los recursos si no está el área financiera ni tesorería?, sin embargo, ya no dejaron entrar a los encargados de esas áreas”.
Remarcó que sus protestas serán siempre pacíficas, pero cuestionó la forma en que se tomaron las instalaciones de avenida Periférico: “por qué electrificar las bardas, por qué poner vallas de acero para que no se vea el interior...Si lo que se les autorizó es un ingreso administrativo, no una toma con personal de seguridad armado, lo cual está prohibido”.
Aseguró que se levantaron actas y demandas contra ese hecho y “se están llevando a cabo las medidas correspondientes, sin embargo, las plantas siguen trabajando a pesar de que los disidentes apagaron los sistemas centralizados de funcionamiento y coordinación en un atentado contra la productividad, no obstante, la gente se ha organizado para seguir trabajando de forma manual”, sostuvo.