De acuerdo con los contratos, el funcionario –quien firmó en 2018 también el arrendamiento de patrullas de la Policía Federal por un monto de 4 mil 156 millones 670 mil 827 pesos– avaló un costo de mantenimiento de las unidades por 2 mil 726 millones 850 mil pesos.

Con ello, el costo asociado al mantenimiento preventivo y correctivo tanto mecánico como de equipamiento de cada unidad es de 490 mil pesos, y se autorizó que a 17 vehículos Aveo se les colocara un equipo de señalización visual y acústica, balizamiento y un corte de color.

El costo de esos trabajos, que también incluyeron un equipo de radiocomunicación, fueron realizados por la agencia Chrysler Automundo por 181 mil 540 pesos por unidad, cuando el valor de cada vehículo al menudeo era de 195 mil 300 pesos.

Las fuentes consultadas explicaron que la firma del contrato administrativo multianual para el arrendamiento de vehículos modelo 2019 destinados a la ejecución de acciones de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue el 27 de junio de 2019, una semana después de encontrarse escondidas en una bodega de Zumpango, estado de México, de acuerdo con una denuncia ciudadana ingresada en la Oficialía de Partes de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGJ.

El 2 de julio, cinco días después de firmar el contrato con la empresa Total Parts and Components, SA de CV, fueron entregadas las patrullas, pero la Secretaría de Movilidad no tiene registros de tarjetas de circulación y placas de las unidades rentadas.

Las fuentes consultadas recordaron que la licitación fue por invitación restringida, porque simularon todo, pues ya estaban las patrullas pedidas y hechas antes del procedimiento y fueron aceptadas con un sobreprecio, lo cual fue avalado por el entonces secretario, así como por el director de Recursos Materiales, y los representantes legales resultaron ser empleados de Grupo Andrade, lo cual es también investigado, y al igual que los de Automundo y el corporativo Daimler Chrysler, serán citados a declarar por la FGJ, dijeron.

Camacho Sánchez, señalaron, fue quien firmó también el contrato en la Policía Federal por 2.7 millones de pesos por cada una de las mil 500 patrullas, por un monto total de 4 mil 156 millones a Integra Arrenda.

De acuerdo con las investigaciones, dicha empresa es parte de Grupo Andrade y la firma de su representante legal, Lucila Maldonado Hernández, aparece en los contratos de la Policía Federal y la SSC, como proveedor.

Mientras, Édgar David Ramírez Lorenzo firmó como apoderado de la sociedad mercantil denominada Total Parts and Components, SA de CV, aunque se investiga una colusión tras bambalinas, pues Grupo Andrade está detrás de estos contratos, aseguraron las fuentes.