Ciudad de México. Un grupo de trabajadores médicos de Chiapas y de la Ciudad de México se manifestaron este domingo en Palacio Nacional para exigir que el médico chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca, detenido el pasado 25 de julio acusado de abuso de autoridad, quede en libertad. Anunciaron que entregarán este lunes un oficio en Palacio Nacional para pedir la intervención del gobierno federal, ya que acusan que Grajales es víctima de un trasfondo político en la entidad.
Grajales Yuca, ex jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, fue detenido luego de que Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex diputado local y ex líder del partido Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, presentó una denuncia en su contra, esto después de que el médico atendió a su padre y murió de Covid-19. Ramírez Molina acusó que Grajales le pidió dinero para la atención de su padre.
Al respecto, Modesta Ramírez, secretaria de Organización de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud con sede en Chiapas, y quien se manifestó junto a una decena de trabajadores afuera de Palacio Nacional, explicó que en la pandemia ha sido común que los médicos soliciten a los familiares que ellos compren parte de los medicamentos, ya que no hay abasto suficiente, lo cual también han denunciado en distintas ocasiones.
“Él atiende a todos por igual pero no hay los medicamentos, como pasa en todo el país, y ahora lo acusan de abuso de poder por pedir medicamentos. Esto es común (solicitar medicamentos), porque no hay”, indicó.
Explicó que no siempre se trata del mismo medicamento para atender todos los casos, ya que no hay un tratamiento general contra el Covid-19, sino que depende de si el paciente tiene sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes, o cualquier otro padecimiento. Por ello hay casos en los que pueden ser atendidos sin dificultades, y otros en los que no hay abasto suficiente de medicamento.
Además aseguró que Grajales terminó “pagando los platos rotos” por divisiones entre el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) y la secretaría de salud del estado, luego de que distintos médicos denunciaron que el nosocomio donde trabajaba Grajales se convirtió en la práctica en un “bunker para la atención de políticos enfermos de Covid-19”.
Otros trabajadores que se han negado a laborar sin contar con el equipo adecuado fueron despedidos, o sancionados, agregó Ramírez, quien llamó a no criminalizar al personal médico.
También se manifiestan en Chiapas y Morelos
En Chiapas, hubo movilizaciones en varias ciudades, aunque la manifestación más numerosa tuvo lugar en la capital del estado, donde más de dos mil personas, entre trabajadores de salud, maestros de la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembros de otros grupos que se sumaron, caminaron desde el oriente al parque central, donde concluyeron con un mitin.
En tanto, en Cuernavaca, Morelos, personal del sector Salud marchó desde las instalaciones de la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta el zócalo de esta ciudad para exigir que cese la represión al gremio médico durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, ya que aseguraron, que lo único que han hecho es “ayudar a la población”.
