Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de las extintas Policía Federal (PF) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por su presunto involucramiento en desvío de recursos y adquisiciones con sobreprecio en el periodo 2012-2018. Entre los imputados se encuentran quienes fueron secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, este último hasta hace unos meses se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer el monto de los recursos que presuntamente fueron desviados, pero en la investigación de la FGR se integraron los resultados de las revisiones que practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2017 y 2018, en las que se detectaron irregularidades en la Policía Federal por más de 10 mil millones de pesos.

Funcionarios judiciales informaron que la carpeta de investigación fue integrada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y en su solicitud responsabiliza a los ex funcionarios de haber cometido delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados graves y por los que, en caso de ser detenidos, no tendrían derecho a libertad condicional o bajo fianza.

La indagatoria se inició en 2019 por una denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) –que sustituyó en esta administración a la CNS–, al detectar irregularidades en adquisición de vehículos, uniformes, armas y tecnología para las divisiones de la extinta corporación federal, hoy convertida en Guardia Nacional.

La ASF señaló que la revisión de la cuenta pública 2018 detectó irregularidades en la Policía Federal, entre ellas agentes comisionados a operativos que no se realizaron, viáticos entregados sin sustento documental y adquisición de programas y equipos a través de asignaciones directas con costos superiores a los fijados por empresas ­especializadas.

 Sistema de inteligencia

Se descubrió la compra de un sistema de inteligencia conocido como Rafael, usado para el análisis, diseño y acopio de información de inteligencia, por el cual la PF pagó 2 mil 458 millones de pesos, cuando su valor en el mercado era de alrededor de 500 millones de pesos.

Se detectaron omisiones en otros ejercicios fiscales, como en la auditoría a la cuenta de 2017, en la cual hallaron deficiencias en la operación y supervisión de los recursos ejercidos en los servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en despliegues táctico-operativos, toda vez que se efectuaron pagos por 8 mil 108 millones de pesos sin haber contado con la evidencia documental de dichos gastos.

No se ha confirmado que el juez al que se le solicitaron las órdenes de aprehensión contra 19 personas las haya concedido.

Por otra parte, en los juzgados de amparo de la Ciudad de México, Hidalgo y el estado de México no se ha reportado la presentación de algún recurso de protección en favor de los imputados.

Los entrevistados confirmaron que hace unos días el Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación ante un juez con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, donde señala, con base en resultados de auditorías, como presuntos responsables de los delitos a los mencionados Frida Martínez y Jesús Orta, así como a Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rosas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.