Morelia, Mich. En los últimos cinco años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido 46 quejas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas.

Uble Mejía Mora, encargado del despacho de la CEDH, señaló que “es mucha la deuda” y es tiempo de conjuntar esfuerzos institucionales para fortalecer la protección y defensa de los pueblos originarios. “Dentro de los principales derechos violentados destacan los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal”, señaló en comunicado de prensa.

En tanto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) manifestó que el 77.6% de la población hablante de la lenguas originarias en el estado se encuentra en pobreza y el 34.8% en pobreza extrema, según el Coneval 2018.

Pavel Guzmán, coordinador del CSIM –el cual está conformado por 60 comunidades, en su mayoría purépechas –, manifestó que lo único que tienen que conmemorar en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es la lucha de 528 años de resistencia.

“Ocho de cada 10 viviendas en las que habita una persona indígena mantienen rezago habitacional; el 19.9% carece de servicios de agua; el 24.6% no tienen drenaje y el 13.9% de las viviendas mantienen pisos de tierra (INEGI 2015).

De igual forma, el 40.3 % de la población indígena mayor a 12 años han sufrido actos de discriminación y el 29.2% padecieron incidentes de negación de derechos (ENADIS 2017)”, señaló.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el gobierno federal ha reducido más del 70% del presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en Michoacán, el presupuesto de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI) “se ha disminuido brutalmente”, ya que pasó de 114 millones asignados en el 2014, a 25 millones destinados este 2020, indicó el dirigente purépecha.

Indicó que el monto estatal reservado para atender las necesidades de éstas comunidades “no ha alcanzado ni siquiera el 0.3% de la población”, cuando en la entidad hay más de 136 mil 608 personas que hablan una lengua indígena (INEGI 2010).

“En este sentido a los pueblos originarios les corresponde por ley y por número de habitantes el 3.5% del total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado”, apuntó Pavel Guzmán.