En un encuentro ayer con los ocho gobernadores de las comunidades yaquis en Vícam, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó poner en marcha el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que considera la revisión y restitución de las tierras que hayan sido invadidas en función del territorio que les fue reconocido por decreto presidencial en 1937, análisis del suministro de agua que legítimamente les corresponde y convenios para terminar el gasoducto de la empresa Ienova, aunque se tenga que desviar, así como mejoramiento urbano y reconstrucción de viviendas, programa que concluirá a mediados de junio de 2021.

Para la puesta en marcha de este histórico acuerdo, el Presidente encabezará una comisión intersecretarial con Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como secretario técnico. No los vamos a traicionar ni a fallar, les dijo, tras afirmar que el pueblo yaqui ha sido la más reprimida de las comunidades indígenas y el brindarles justicia es hacerlo con todos los pueblos originarios.

Resaltó que son ejemplo de resistencia y dignidad, porque no se sometieron pese a que se ensañaron con ellos para despojarlos de sus tierras. En el porfiriato, relató, asesinaron a más de 15 mil yaquis y los que no fueron eliminados terminaron deportados al sureste de México para trabajar como esclavos en haciendas cañeras y henequeras.

Acompañado de integrantes de su gabinete de desarrollo social y del sector agrario y territorial, el titular del Ejecutivo garantizó que el acuerdo no quedará sólo en palabras y se hará justicia, como en 1937 hizo el entonces presidente Lázaro Cárdenas al restituirles sus tierras, aunque al término de su gestión nuevamente fueron despojados.

Por eso estoy aquí, porque queremos hacer justicia, sostuvo, tras enfatizar que se deben alcanzar acuerdos para conectar el gasoducto de Ienova, porque si no estamos pagando multas a este tipo de empresas, muchas extranjeras asociadas con funcionarios y políticos corruptos de México.

La primera etapa del acuerdo, explicó a los gobernadores yaquis, considerará revisar la situación jurídica de las tierras invadidas para buscar la mejor fórmula de restitución cuando sea procedente.

Mencionó que existen varias rutas legales, desde la restitución por mandamiento presidencial con pago de indemnización hasta recuperar terrenos nacionales que deben formar parte de los ocho pueblos yaquis: Cócorit, Bacum, Tórim, Vícam, Pótam, Rahum, Huiribis y Belem, con una población de alrededor de 50 mil habitantes.

Recordó que la resolución del general Cárdenas incluía también la dotación del agua, y ahora se debe ver quién la está usufructuando y qué solución se va a dar, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua.

Previamente, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, ratificó que el programa de mejoramiento urbano incluirá 38 acciones, que abarcan centros de salud, escuelas, una universidad, polideportivos y restauración de las ocho plazas ancestrales. En todos los casos, el diseño y el material será acorde con la cosmovisión y costumbres de los yaquis.