Bruselas. La justicia belga rechazó este viernes extraditar al independentista Lluís Puig, reclamado por España por el intento de secesión de Cataluña en 2017, una decisión que podría complicar la entrega del principal dirigente Carles Puigdemont.

"La Cámara del Consejo [del Tribunal de primera instancia de Bruselas] rechazó ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), considerando que la autoridad española que la emitió no es competente", dijo la fiscalía de Bruselas.

Casi tres años después, España fracasa en su tercer intento de extraditar desde Bélgica a alguno de los miembros del gobierno catalán que impulsaron entonces un referéndum prohibido y que abandonaron el país para esquivar la acción judicial.

Por esos mismos hechos, el Tribunal Supremo español condenó en octubre a hasta 13 años de prisión a otros nueve líderes independentistas que permanecieron en España, entre ellos el que fuera mano derecha de Puigdemont en el gobierno, Oriol Junqueras.

La justicia española acusa al exconsejero de Cultura de malversación de fondos y desobediencia. A tres de los juzgados en octubre por esos delitos se les impuso una multa de 60 mil euros (70 mil dólares) e inhabilitación por desobediencia.

En noviembre, el juez instructor de la causa Pablo Llarena solicitó a Bélgica la entrega de Puig para juzgarlo, una tercera euroorden después de retirar una primera en 2017 y otra en 2018 después que Bélgica la rechazara por vicio de forma.

Pero el juez la rechazó de nuevo, ya que "Puig nunca fue parlamentario", por lo que Llarena no era competente, explicó su abogado, Paul Bekaert.

Según el letrado Gonzalo Boye, la jurisdicción competente sería "un juzgado ordinario de Barcelona".

La fiscalía de Bruselas, que ejerce la acusación en Bélgica, anunció en un comunicado que recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación de Bruselas. Un tercer recurso sería aún posible ante el Tribunal de Casación.

Bekaert se dijo confiado en que, en caso de apelación, el rechazo se mantenga. "España abusa de la euroorden por motivos políticos (...) Hay que resolver sus problemas políticos de manera política y no jurídica", agregó el letrado.

"El gobierno español tiene en su mano iniciar los trámites para aplicar una amnistía total y que el Tribunal Supremo invalide el juicio [por los hechos] del 1 de octubre", urgió en rueda de prensa Puig, "contento" por la decisión.