Ciudad de México. La reforma a la Ley de Adquisiciones aprobada en el Congreso Federal y la propuesta para modificar las normas que rigen las compras gubernamentales, continúo acarreando críticas de representantes empresariales, de diputados y órganos desconcentrados porque, acusaron, se ha privilegiado como norma la adjudicación directa. En el denominado cuarto parlamento abierto organizado -mediante enlace virtual- por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, se llamó “al diálogo sin prejuicios, y a la incorporación de las propuestas” de la iniciativa privada.
Por parte de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que aglutina a los laboratorios que monopolizan el espectro de la producción de medicinas en el país, su presidente Rafael Gual Cosío, reprocho la decisión del gobierno federal que corta la dependencia que los gobiernos del PRI y PAN promovieron de los productores farmacéuticos en el país, para conseguir insumos de salud de calidad y mejor costo, en el extranjero.
“Hemos experimentado cambios en el inicio de esta administración, los cambios en el esquema de compras han generado problemas en la adquisición de bienes terapéuticos.
La ley de adquisiciones requiere salvaguardas que mejoren la vinculación entre el sector público y el privado. Nos sorprende que, con la reforma al artículo primero de la ley, se recurra a una oficina de la OMS para la compra de medicamentos. Ni hemos concluido la curva de aprendizaje que comenzó con el INSABI, con esta inoperancia se abandonó el mejor procedimiento para las compras que son las licitaciones públicas, se privilegió la adjudicación directa en la compra de medicamentos.”
El representante de los laboratorios, contrario acérrimo a las acciones recientes del gobierno, reitero que en esa cámara se concentran 250 laboratorios y emplean a 650 mil personas, y ponderó el pasado reciente porque en el periodo 2008-2018 ocurrió el notable aumento de la competitividad de la industria farmacéutica, y “en ese periodo más mexicanos tuvieron mejor acceso a los medicamentos que requirieron; disminuyeron los precios de los medicamentos en un 38 por ciento; se ayudó a la dispersión de precios, los precios de las compras consolidadas se volvieron un referente, se promovió un mejor ejercicio del presupuesto.
“Estamos en condiciones de competir con reglas equitativas, en igualdad de condiciones, de planeación, de pago y de transparencia. Frente a un fenómeno como el que estamos viviendo, el dialogo es el mejor elemento, sin prejuicio, para abundar en los elementos jurídicos, técnicos que se requieren para transformar el sistema de compras públicas, que acepten nuestras propuestas. La industria farmacéutica está preparada para atender los requerimientos inmediatamente del gobierno.”
Por el contrario David Merino, investigador en materia de transparencia y anticorrupción propuso un marco que norme la relación del sector privado, “no existe un marco normativo, para cumplir con lo que establece la ONU; que se incorpore a la ley de las personas físicas o morales, ya sea por licitación adjudicación directa, o invitación restringida, para que se cuente con un oficial de comportamiento certificado, y que en seguimiento a la política de integridad promueva la integridad en toda la organización. Que tengan un oficial de cumplimiento normativo, y una política de integridad…hay que tener el enfoque de que el sector privado colabora con la corrupción.”
Para, Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia y diputado de Movimiento Ciudadano por Jalisco -estado donde se concentran poderosos laboratorios farmacéuticos donde laboran 160 mil personas- declaró en contra de las acciones gubernamentales:
“En lo personal, respecto a las adquisiciones a nombre de la pandemia podemos hacer muchas cosas de manera precipitada, y a nombre de la velocidad no podemos dejar de lado hacerlas bien…no hay nada peor que se diga que vamos a hacer adquisiciones directas. Cuando se nos vende la idea de comprar medicamentos por la pandemia, hay una precipitación.”
Y expuso que ahora se trata de vigilar al gobierno: “Son compras precipitadas porque deben realizarse -pretendió matizar-, estamos pidiendo darle más herramientas a la Auditoria Superior de la Federación (ASFG), como se están haciendo muchas contrataciones, que la ASF tenga posibilidad de auditar de forma electrónica. Hemos propuesto que el Consejo de Salubridad declare como actividad esencial la fiscalización. Si hay una parte que deba funcionar es la rendición de cuentas. No podemos a nombre de la confianza hacer leyes; empujemos la idea de poner candados a la ley. Tenemos que ser muy incisivos, porque la corrupción no se ha ido.”
Por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), María José Contreras, también refirió que la adjudicación directa se ha convertido en regla. Y propuso inhabilitar hasta por cinco años a quien haya incurrido en actos de corrupción, además de aquellas penas derivadas actos de colusión; fomentar la denuncia, y denunciar la competencia simulada, porque se afecta al comprador, que considera que tiene diversas opciones.
En su turno Carlos Avitia de la Concamin, adujo que el modelo de compras consolidadas impactará a las empresas pequeñas y medianas, “y es cuestionable porque en 2019, de registraron 190 mil procedimientos de contratación, y el 88 por ciento se dieron en contratación es directas, y el 12 por ciento en contrataciones abiertas…la adjudicación directa no es la estrategia a seguir.”
