Mexicali, BC. El pleno del Poder Judicial de Baja California recurriría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la reforma aprobada en el Congreso local, a iniciativa del gobernador Jaime Bonilla.
La acción de inconstitucionalidad ante la SCJN se presentaría una vez que concluya el proceso legislativo, toda vez que fue aprobada por el Congreso el 31 de julio, se envíe a los ayuntamientos para su discusión y aprobación, para después publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
A unas horas de su designación como presidente del PJBC, el magistrado Ignacio Pérez Castañeda señaló que una vez publicada está reforma se tomará está decisión de manera colegiada en el pleno.
El magistrado Pérez Castañeda advirtió que el Poder Judicial debe tener autonomía y determinar su propia regulación normativa, de ahí que se pronunció porque sea la SCJN la que determine la procedencia de está reforma constitucional.
Durante la mañana del martes, el pleno del Poder Judicial solicitó la renuncia a la presidencia del magistrado Salvador Ortiz Morales, ante la molestia de su inacción en la defensa de la reforma judicial promovida por Bonilla que incluyó la eliminación del Consejo de la Judicatura y de salas, así como la desaparición de los magistrados supernumerarios, y faculta al gobernador para designar a magistrados del PJE y del Tribunal de Justicia Administrativa.
El 31 de julio, el Congreso local aprobó por mayoría calificada, con 17 de 25 votos, la reforma al Poder Judicial que provocó criticas de jueces y magistrados, más aún por la pasividad del hasta ayer magistrado presidente.
La mayoría calificada se logró con los votos de 10 diputados de Morena, dos del PT, dos independientes (ex panistas), uno del PRI, otro de Transformemos y del PVEM. En contra votaron tres morenistas, dos panistas y uno del PBC y de MC.
La iniciativa de Bonilla plantea instalar una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina con cinco magistrados que no recibirán compensación económica alguna. El argumento para eliminar al CJ se basó en que resulta oneroso y se convirtió en una agencia de empleo, coincidieron en señalar el gobernador Bonilla y su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Este martes, los magistrados desmintieron también la versión del diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sobre un supuesto consenso de la reforma con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia.
