Ciudad de México. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 está orientado a implementar una política económica que considere la existencia de restricciones internas y externas y su diseño asegure la viabilidad de las políticas del gobierno de México, cuyo fin es reducir las desigualdades económicas y sociales entre los diferentes grupos poblacionales y entre las regiones del país, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el programa sectorial derivado del PND, 2019-2024, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se asegura que en el gasto público se promoverá la ejecución de políticas orientadas a mejorar la asignación de los recursos públicos como la consolidación de compras, para así fortalecer la eficiencia y eficacia en su ejercicio, de tal manera que las erogaciones privilegien el gasto social y el de inversión en infraestructura.

En este sentido, los mecanismos de reingeniería del gasto privilegiarán la implementación de medidas de austeridad, ahorro y combate a la corrupción en la administración de los recursos públicos, con el objetivo de reorientar recursos hacia programas prioritarios, de alto impacto social y económico, contribuyendo de manera significativa al estado de bienestar de la población.

En el pasado se ejerció un gasto poco eficiente. Por ejemplo, de 2013 a 2018 el gasto corriente ejercido registró un importante crecimiento en su participación en el gasto programable impulsado principalmente por el incremento en la participación de los gastos en servicios personales de 33.6 por ciento en 2013 a 36.8 en 2018 y de operación de 21.5 en 2013 a 27.1 por ciento en 2018.

Lo anterior, ocurrió en perjuicio del gasto de inversión, cuya participación pasó de 30.6 a 22.2 por ciento, principalmente como resultado de una caída en la participación de la inversión física.

Esto fue causada por un ejercicio discrecional de los recursos públicos, en el cual no se priorizaba el beneficio social sino los privilegios, el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad en el manejo del presupuesto. Lo anterior bajo un contexto de corrupción, facilitado por la impunidad generada por la inequitativa impartición de justicia.

En lo que respecta en materia recaudatoria, se buscará incrementar los ingresos tributarios a través del combate a la elusión y la evasión fiscal, lo que garantizará que el gobierno de México cuente con los recursos necesarios para proveer servicios públicos de calidad y así contribuir al bienestar general de la población.

Adicionalmente, se procurará un sistema impositivo más equitativo y progresivo, de tal manera que represente un instrumento para la reducción de la desigualdad. Y se trabajará en simplificar los trámites para el pago de impuestos, a fin de reducir la carga administrativa a las y los contribuyentes.

De acuerdo a la OCDE, en 2018 los ingresos tributarios en México, a nivel gobierno general, representaron 16.1 por ciento del PIB, cifra que se encuentra por debajo del nivel de países latinoamericanos como Brasil (33.1 del PIB) y Honduras (22.3 por ciento del PIB).

El bajo nivel de recaudación tributaria en México limita la capacidad del Estado de atender las necesidades de la población en áreas importantes para el desarrollo como educación, salud, seguridad pública e inversión en infraestructura.