Ciudad de México. La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México (Semujeres) y el Congreso capitalino coincidieron en la necesidad de fortalecer la Línea Mujeres de Locatel con más personal con conocimientos en materia jurídica y psicológica para enfrentar la violencia familiar en la emergencia sanitaria por Covid-19.

La dependencia informó además al legislativo que pese al incremento de las denuncias por violencia familiar durante el confinamiento, las solicitudes de albergue en Casas de Emergencia no han saturado su capacidad y están en condiciones de seguir operando.

La directora general de los Centros de Justicia para la Ciudad de México de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Nancy Iniestra Morales, habló también en la necesidad de que las personas que atienden las llamadas telefónicas de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia den una respuesta adecuada, oportuna y eficiente.

En respuesta a consultas para dictaminar un punto de acuerdo que realizó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, Paula Soto Maldonado, de Morena, Iniestra explicó que el número de emergencia 911 recibe un gran número de llamadas manifestando algún hecho de violencia  en contra de mujeres y de no advertirse una situación en la que deban reaccionar los cuerpos de seguridad pública, se remite a alguna instancia que atiende violencia de género.

En los resolutivos del exhorto en el dictamen aprobado durante la sesión de este miércoles se solicitó a Semujeres y a la Secretaría de Salud (Sedesa) una mayor difusión de Línea Mujeres en las que se informe con precisión a dónde acudir para recibir una atención pronta y expedita; reforzar la estrategia SOS Mujeres con más personal y recursos materiales a las casas de emergencia.

En caso de verse rebasadas se les solicitó que “se proceda a adaptar otros bienes inmuebles propiedad del Estado cuyas condiciones permitan brindar los servicios de Casas de Emergencia, Centros de Refugio y albergues” e informar a mujeres embarazadas y víctimas de violencia sobre las instituciones de salud a las que pueden acudir para recibir atención.